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«No es un simple robo»: experto jurídico de los obispos europeos advierte sobre las profanaciones de iglesias
En entrevista exclusiva con Press Crux, José Luis Bazán, doctor en Derecho y asesor jurídico de los obispos europeos, explica cómo se investigan los ataques a templos, cuándo pueden constituir delitos de odio y qué responsabilidad tienen las autoridades.
ENTREVISTA EXCLUSIVA I IGLESIA EN EUROPA
Ana Paula Morales (Poli)
11/17/202611 min leer


José Luis Bazán, doctor en Derecho y asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), analiza en entrevista exclusiva con Press Crux las profanaciones de iglesias en España y la protección jurídica de la libertad religiosa. Imagen editada digitalmente por Press Crux, con incorporación de la bandera de la Unión Europea.
Los robos de sagrarios, la desaparición de formas consagradas y los daños ocasionados en iglesias españolas han vuelto a plantear una pregunta que va más allá de la seguridad de los edificios: ¿cómo protege la ley el carácter sagrado de aquello que ha sido profanado?
En Galicia, varias iglesias sufrieron robos y profanaciones entre agosto y octubre. A estos episodios se sumó el robo de un sagrario con cerca de 30 formas consagradas en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Parla (Madrid), denunciado el pasado 22 de octubre por la Diócesis de Getafe.
La preocupación no se limita al valor económico de los objetos sustraídos. Para los católicos, la Eucaristía ocupa el centro de su fe, y su profanación representa una herida que afecta a toda la comunidad.
En una entrevista anterior con Press Crux, monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol, abordó las consecuencias de estos hechos para las parroquias gallegas.
Para profundizar en su dimensión jurídica, Press Crux entrevistó por escrito a José Luis Bazán, doctor en Derecho, quien explica las diferencias entre robo, profanación y delito de odio, las obligaciones de las autoridades españolas y las posibilidades de acudir a las instituciones europeas.
A continuación, la entrevista íntegra, conservando el orden y la redacción del documento remitido por el entrevistado.
Entrevista completa | Preguntas y respuestas
1.- Distinguir los hechos y sus motivaciones. Ante los robos, daños y profanaciones denunciados en iglesias de Galicia, ¿qué elementos permiten distinguir jurídicamente un delito contra el patrimonio, un acto de profanación y un delito cometido por motivos de discriminación religiosa? ¿Qué indicios deben investigar las autoridades antes de atribuir o descartar este último móvil?
Son tres figuras delictivas distintas. Según el vigente código penal de España, el derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental se castiga con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de doce a veinticuatro meses (artículo 321). Cosa distinta son los actos de profanación realizados “en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas” que ofenden los sentimientos religiosos legalmente tutelados, en cuyo caso, la pena es de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses (artículo 524). En cuanto a los daños en templos, por ejemplo, por grafitis o pintadas intimidatorias en sus paredes), se engloban dentro del delito genérico de daños, que tiene una pena menor, Pero si se deduce que la intención del autor no es solamente producir un deterioro de la propiedad sino infundir temor y amedrantar a los miembros de la comunidad religiosa, se podría tratar como un delito de amenazas a la comunidad religiosa (artículo 170).
En cuanto a la discriminación por motivos religiosos, en España es delito fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo religioso, una parte de este o contra una persona, y tal acto lleva aparejada la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses (artículo 510.1 a). También es delito lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de un grupo religioso (artículo 510.2 a), y se sanciona con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.
En cuanto al móvil discriminatorio, además del delito de incitación a la discriminación, puede presentarse como circunstancia agravante de otro delito (artículo 22, 4ª). Puede haber concurrencia de varios delitos en una acción: por ejemplo, forzar un sagrario en una iglesia para llevarse las formas consagradas es un robo y una profanación; si, además, se eligió esa iglesia por hostilidad a los católicos, puede aplicarse el agravante. Dado que la intención pertenece al ámbito interno de la persona, las autoridades investigan el móvil en función de ciertos elementos externos. Así, el protocolo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España para los llamados “delitos de odio”, recoge los denominados indicadores de polarización, entre los cuales figuran: la coincidencia con determinadas fechas litúrgicas de relevancia (por ejemplo, Semana Santa, o la celebración del día del patrón local); mensajes y símbolos (sean físicas o en redes sociales), pintadas realizadas por el autor; reiteración (si existen precedentes de actos de odio del acusado contra otros templos o el mismo); el perfil personal del autor (antecedentes, entorno social, publicaciones) y su vestuario o estética; su relación con grupos caracterizadas por su animadversión por la comunidad religiosa o la religión; y la aparente gratuidad del acto.
Como se ve, los instrumentos jurídicos disponibles permiten, si hay voluntad y medios a disposición, la persecución penal del delincuente. Por otro lado, no es menos cierto que, en ocasiones, no es fácil determinar el autor cuando se produce el hecho, por ejemplo, en iglesias rurales o en capillas de hospitales, donde no hay una persona que de modo permanente pueda cuidar del templo.
2.- La protección que ofrece la legislación española. Cuando se profana un sagrario o se dispersan formas consagradas, aunque el valor económico de lo sustraído sea mínimo, ¿qué respuesta permite el Código Penal español? Desde su experiencia, ¿dónde están las principales dificultades para que la investigación y la valoración del daño recojan también la dimensión religiosa de estos hechos?
Es claro que el valor económico no es determinante en un acto de profanación o de daños contra un bien religioso, sea mueble o inmueble. El carácter sagrado de un bien no puede medirse pecuniariamente porque está vinculado a una realidad espiritual que trasciende la cuantificación material. Una cosa es que se tenga en cuenta la realidad material y se considere (por ejemplo, el coste del arreglo de una puerta forzada para entrar a un templo), y otra cosa es que la protección quede ahí y no se considere la naturaleza religiosa del bien dañado. En ocasión, el daño material puede ser ínfimo (por ejemplo, la destrucción de una forma consagrada, cuyo valor material es casi insignificante), mientras que el daño moral es enorme.
El robo cometido en edificio abierto al público, como lo es una iglesia, es un delito de robo penado con una pena de prisión de dos a cinco años (artículo 241.1). El hurto de un bien de valor artístico, histórico, cultural conlleva pena de prisión de uno a tres años (artículo 235.1) y si se causan daños a tales bienes, la pena es de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses (artículo 323.1). La dispersión de formas consagradas es el ejemplo más claro y sangrante de profanación del artículo 524. Si a ello sumamos el robo previo de ellas, y el agravante de odio, la protección penal contra tal acto parece suficiente.
Sin embargo, cuando el valor económico en menor y la ofensa o daño moral por la naturaleza religiosa del bien afectado es elevada, es preciso que desde el principio en la declaración se exprese de modo claro y explícito esta divergencia. No se trata solo de un robo, hurto o daño patrimonial, sino que hay que enfatizar el valor religioso y el daño moral. En ocasiones, los tribunales deciden no aplicar el delito de profanación porque excluyen o no encuentran ánimo de ofender los sentimientos religiosos. Algo similar ocurre con los delitos que requieren un ánimo o intención de humillar o de incitar a la discriminación por motivo religioso. Si bien en algunos casos puede admitirse tal dificultad, también puede ser una puerta trasera para evitar decisiones controvertidas.
Añadiría que en ocasiones existe una falta de conocimiento de la naturaleza y relevancia de la dimensión religiosa de los bienes y también de su importancia para las personas. La secularización ha producido una creciente ignorancia en materia de religión, y lleva a que incluso autoridades y agentes de autoridad ven en tales actos simples robos o daños, sin que den la importancia que merita al impacto que tiene en la persona o la comunidad afectada.
Por último, existe una clara infradenuncia de tales actos. Sin cientos, sino miles, los que ocurren en España cada año, y la mayoría de ellos no se denuncian, bien sea por las dificultades burocráticas que conlleva, por la percepción de que no va a ser investigado o sancionado, y, en algunos casos, por una interpretación poco fundada, a mi juicio, del principio cristiano del perdón.
3.- La responsabilidad de las autoridades. A la luz del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿qué obligaciones de prevención y protección tiene el Estado cuando una comunidad comunica amenazas o ataques reiterados contra su templo? ¿En qué circunstancias una respuesta insuficiente de las autoridades podría comprometer su responsabilidad?
El artículo 9 del Convenio no solo impone al Estado el deber de no interferir en la libertad religiosa individual o colectiva. También le impone obligaciones positivas, entre ellas, garantizar que los creyentes puedan ejercerla en paz, incluso frente a ataques de particulares.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que interpreta y aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos) lo ha dicho con claridad en su sentencia en el caso Gldani contra Georgia (2007), en la que condenó al Estado por no prevenir la violencia contra un grupo religioso. En Karaahmed contra Bulgaria (2015), por no proteger adecuadamente a los fieles que rezaban en una mezquita frente a una manifestación hostil. Por ello, cuando una comunidad religiosa ha sido víctima de ataques previos, o comunica amenazas, las autoridades tienen la obligación de evaluar el riesgo y actuar en consecuencia, adoptando medidas razonables de prevención (por ejemplo, patrullas de vigilancia, o informar sobre medidas de protección), y si fuera el caso, investigar los ataques, incluyendo el móvil religioso (sentencia en el caso Milanović contra Serbia, 2010). El Estado tiene responsabilidad cuando sabiendo el riesgo no adoptaron las medias requeridas
Es importante resaltar dos cosas. La primera, que el Estado no puede dar una protección menor a una comunidad religiosa que a otra, ya que, sin existir una justificación objetiva y proporcionada, daría lugar a una discriminación prohibida por el artículo 14 del citado Convenio Europeo de Derechos Humanos. La segunda, que la obligación positiva del Estado es de poner los medios para evitar el ataque, no se trata de una obligación de resultado.
4.- Las vías europeas y sus límites. Si una parroquia o diócesis considera que no ha obtenido protección efectiva en España, ¿qué vías puede utilizar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué requisitos debe cumplir? ¿Qué papel distinto pueden desempeñar las instituciones de la Unión Europea y la OSCE, y qué resultados cabe esperar de cada una?
Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se llega al final del camino, no al principio. En primer lugar se requiere agotar todos los recursos internos, ordinarios o extraordinarios. En España, normalmente es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además se requiere ser la víctima de la vulneración del derecho (una parroquia o diócesis que tenga personalidad jurídica podría ser la demandante) y que el asunto tenga cierta entidad o trascendencia. En todo caso, esta instancia tiene un impacto limitado ya que declara la violación del derecho vulnerado, si existiera, y si, procede, otorga una indemnización a la víctima. Según la naturaleza del caso puede llevar aparejado un cambio normativo.
La Unión Europea puede financiar la seguridad de los lugares de culto, analizar datos y tendencias y visibilizar el problema, evaluar el cumplimiento de la legislación europea, por ejemplo, en materia de lcuha contra los delitos de odio, y actuar como instancia política de presión. En el caso de la OSCE las posibilidades son limitadas, en cuanto que se trata de una organización fundada en compromisos políticos, si bien su Oficina de Instituciones Democrátivcas y Derechos Humanos realiza una labor importante publicando datos sobre delitos de odio. En julio de 2025 publicó una guía práctica sobre los crímenes de odio anticristiano, un documento útil para comprender y afrontar, particularmente desde el punto de vista de las autoridades, esta realidad en Europa.
5.- De la denuncia a una protección efectiva. Para una pequeña parroquia que acaba de sufrir un ataque, ¿qué pasos concretos recomendaría para preservar pruebas, presentar una denuncia y documentar una posible motivación antirreligiosa? ¿Conoce alguna práctica europea de cooperación entre autoridades y comunidades religiosas que permita proteger los templos y mantenerlos abiertos a los fieles?
Debe denunciarlo formalmente a las autoridades (incluida la fiscalía de delitos de odio), y no tocar la escena hasta que las fuerzas policiales o la Guardia civil se presente. Es importante para la persecución del delito, que la escena no sea contaminada o las posibles pruebas se preserven. Es recomendable tomar fotos o grabar la zona o el bien que ha sido dañado (las pintadas, objetos por el suelo…). Si existieran cámaras en la zona, solicitarlas antes de que sean borradas. Conviene hacer inventario de lo sustraído o destruido, detallando los bienes afectados. Para ello es recomendable realizar, con carácter general, un inventario acompañado de fotografías de los objetos que, por su valor económico o de otro orden, lo merecen. En la denuncia conviene que, si se sospecha que hay un móvil antirreligioso (ver los “indicadores de polarización” que mencioné), sea expresamente incluido y se pida que conste en el informe policial. Dado que la reiteración es un indicador de polarización, conviene registrar y expresar la existencia de actos previos como amenazas, pintadas o mensajes en redes sociales, que indiquen la motivación de odio. No se puede presumir que los agentes conozcan la relevancia sacramental, por ejemplo, de un sagrario y de las formas consagradas, por lo que conviene enfatizarlo. Igualmente es importante identificar posibles testigos que ayuden a esclarecer las circunstancias del delito. Puede ayudar a visibilizar el delito el informar a los medios de comunicación y a los observatorios de libertad religiosa.








