Nigeria: “Algunas comunidades cristianas podrían desaparecer”: el obispo que intenta mantener viva la fe en su país

Mons. Bulus Dauwa Yohanna, obispo de Kontagora, advierte en entrevista con Press Crux que la violencia está expulsando a las familias de sus tierras, interrumpiendo la educación y dejando a comunidades rurales sin acceso regular a la Misa.

ENTREVISTA | IGLESIA EN NIGERIA

Ana Paula Morales (Poli)

9/14/202612 min read

Fotocomposición de Press Crux con imágenes cortesía de Mons. Bulus Dauwa Yohanna.

Kontagora, Nigeria.- En algunos pueblos de la diócesis de Kontagora, la Misa ya no puede celebrarse con regularidad. No es que los fieles hayan perdido la fe ni que falten sacerdotes dispuestos a acompañarlos. El problema es llegar hasta ellos.

Las carreteras que atraviesan esta extensa región del centro-norte de Nigeria se han convertido en corredores de riesgo. Sacerdotes, religiosos y catequistas deben calcular cada desplazamiento. Algunas visitas pastorales se aplazan; otras se realizan con extrema cautela. Mientras tanto, hay comunidades que esperan la Eucaristía durante más tiempo del que quisieran y familias que se preguntan si todavía podrán vivir en las tierras que heredaron de sus antepasados.

“Temo que, si la inseguridad continúa sin una protección y un apoyo adecuados, algunas comunidades cristianas pequeñas y remotas podrían desaparecer, no porque su gente haya abandonado la fe, sino porque ya no puede vivir con seguridad en su tierra ancestral”, advirtió Mons. Bulus Dauwa Yohanna, obispo de Kontagora y presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger, en entrevista con Press Crux.

El estado de Níger, que no debe confundirse con el país vecino del mismo nombre, se encuentra en el centro-norte de Nigeria. No se trata de una posibilidad abstracta. El obispo enumera comunidades de su diócesis —Babana, Sarabe, Kigbera, Ibbi, Pissa, Guffanti, Bakon Mission, Karenbana, Galadima, Bangi, Tsamiya y Shafaci— donde los ataques, los secuestros y el temor persistente han obligado a algunas familias a marcharse o han hecho muy difícil su regreso.

La consecuencia no se mide únicamente en kilómetros recorridos o casas abandonadas. Cuando una familia huye, deja atrás su tierra de cultivo, su sustento, su escuela, su parroquia y, muchas veces, la red humana que había sostenido su vida durante generaciones.

“Cuando se pierden los hogares, las granjas, las escuelas y los lugares de culto, regresar se vuelve cada vez más difícil”, explicó. Los jóvenes crecen lejos de sus lugares de origen y pueden perder poco a poco el vínculo con ellos. Una salida que comenzó como refugio temporal corre el riesgo de convertirse en un desplazamiento definitivo.

Una escuela católica tomada durante la noche

La diócesis conoce de cerca lo que significa que la violencia irrumpa en un espacio que debería estar reservado para aprender y crecer.

Durante la madrugada del 21 de noviembre de 2025, hombres armados atacaron las escuelas católicas St. Mary’s de Papiri, propiedad de la diócesis de Kontagora. Entraron cuando muchos de los alumnos dormían y se llevaron a niños, estudiantes y trabajadores hacia el bosque.

Las primeras informaciones señalaron que 315 personas estaban desaparecidas. Después de dos procesos de verificación realizados por autoridades, organismos de seguridad, responsables escolares y familias, la diócesis aclaró que 85 de ellas habían escapado o nunca habían sido capturadas. El número comprobado de secuestrados fue de 230 niños y trabajadores, todos liberados posteriormente, según informó Vatican News.

Crédito. Cortesía: Mons. Bulus Dauwa Yohanna.

Que todos hayan regresado no significa que la historia terminara el día de su liberación.

Mons. Yohanna recuerda el secuestro como una de las experiencias más traumáticas vividas por su diócesis. “Aunque todos fueron finalmente liberados, la experiencia dejó profundas cicatrices emocionales. Muchos padres siguen, comprensiblemente, preocupados por enviar nuevamente a sus hijos a la escuela”.

El relato de uno de los niños permite entender el origen de ese miedo. Onyeka Chieme contó a Associated Press (AP) que los alumnos despertaron con un estruendo en la entrada. Algunos intentaron escapar por las ventanas, pero los atacantes los persiguieron en motocicletas y dispararon al aire. “Dijeron que si corríamos, nos dispararían”, recordó.

Según su testimonio, los captores incendiaron una imagen de la Virgen María y una bandera nigeriana antes de llevarse a los niños en motocicletas y autobuses. Durante más de dos semanas, el menor durmió al aire libre, vio armas constantemente y tuvo que esconderse bajo los árboles cuando sobrevolaban aviones de búsqueda. Él fue liberado con un primer grupo de cien; su hermano permaneció cautivo durante más tiempo.

La diócesis recibió a todos con gratitud cuando recuperaron la libertad, pero ahora enfrenta una tarea más silenciosa y prolongada: acompañar el trauma de los alumnos, la angustia de los padres y el temor que amenaza con vaciar las aulas.

El Papa León XIV siguió el caso desde Roma. Dos días después del ataque, hizo un llamado urgente a liberar a los rehenes y expresó su dolor por los niños y sus familias. “Que las iglesias y las escuelas sean siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza”, pidió, de acuerdo con Vatican News.

En Papiri, esas palabras tocaron una herida concreta: una escuela católica había dejado de ser percibida como refugio y se había convertido, en una sola noche, en escenario de terror.

El secuestro convertido en industria

El ataque contra St. Mary’s forma parte de una crisis que se ha extendido por Nigeria y que ya no puede entenderse como una sucesión de episodios aislados.

Entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron secuestradas 7,825 personas en el país, 66 por ciento más que durante el periodo anterior, según un informe de la consultora nigeriana SBM Intelligence recogido por Reuters. Al menos 1,142 personas murieron y los pagos de rescates confirmados alcanzaron casi 5.8 millones de dólares. La propia consultora considera conservadoras estas cifras porque numerosos pagos nunca se hacen públicos.

Las escuelas, los caminos y las aldeas remotas se han convertido en objetivos especialmente vulnerables. Las bandas secuestran para obtener dinero, pero el costo se extiende mucho más allá del rescate: las aulas cierran, los agricultores dejan de trabajar sus parcelas, las familias pierden la confianza en las autoridades y comunidades enteras se desplazan.

Papiri se encuentra a unos seis kilómetros del puesto policial más cercano —una instalación destinada principalmente a delitos menores— y a varias horas de la ciudad más próxima. Las familias habían solicitado protección antes del ataque, pero terminaron organizando vigilantes voluntarios sin armas. Cuando decenas de hombres armados llegaron en motocicletas, aquellos guardias no tenían forma de enfrentarlos, documentó Reuters.

La geografía ayuda a los agresores. Los bosques extensos, el terreno difícil, las poblaciones dispersas y la escasa presencia estatal permiten que los grupos armados ataquen y desaparezcan con sus rehenes antes de que llegue una respuesta efectiva.

“¿Quién nos protegerá cuando seamos atacados?”, es la pregunta que, según Mons. Yohanna, se repite entre las familias de las zonas más apartadas.

No toda la violencia tiene la misma causa

La inseguridad en Nigeria suele presentarse desde fuera mediante una sola explicación: persecución religiosa, terrorismo yihadista, enfrentamientos por la tierra o delincuencia dedicada al secuestro. Para el obispo, ninguna de esas categorías basta por sí sola.

En su diócesis confluyen el secuestro para obtener rescates, el robo de ganado, los intereses territoriales y económicos, la pobreza, la debilidad de la presencia estatal y, en determinadas circunstancias, las tensiones étnicas y religiosas.

“La dimensión religiosa también debe ser reconocida”, sostuvo. “En algunos casos, los cristianos y las comunidades cristianas han sido atacados, mientras que iglesias, catequistas y otros líderes cristianos pueden ser particularmente vulnerables debido a su identidad religiosa visible”.

Pero el prelado introduce una distinción esencial: “Advertiría contra la descripción de cada ataque simplemente como persecución religiosa”.

Un secuestro puede estar motivado principalmente por el rescate y, al mismo tiempo, la identidad cristiana de la víctima puede influir en la elección del objetivo. En otros lugares, bandas sin una motivación religiosa definida atacan indistintamente a cristianos y musulmanes porque controlan rutas, bosques o territorios donde el Estado apenas está presente.

Esa complejidad quedó nuevamente expuesta en agosto de 2026, cuando hombres armados rodearon una mezquita durante la oración del viernes en Kpenya, también en el estado de Níger. Al menos 60 personas fueron secuestradas, aunque habitantes de la zona consideraron que la cifra podía acercarse a 80, informó Associated Press (AP).

El episodio confirma una realidad que Mons. Yohanna conoce también como presidente estatal de la Asociación Cristiana de Nigeria: los musulmanes y los seguidores de otras tradiciones religiosas sufren asesinatos, secuestros, desplazamientos y pérdida de sus medios de vida.

“Las familias cristianas y musulmanas comunes que viven y trabajan unas al lado de otras no son enemigas”, afirmó. “Son conciudadanos que desean seguridad, paz y un futuro mejor para sus hijos”.

Reconocer el sufrimiento compartido, insiste, no exige silenciar la vulnerabilidad específica de numerosas comunidades cristianas. Exige evitar que los delincuentes conviertan el miedo en una guerra entre vecinos.

Por ello, líderes cristianos y musulmanes trabajan en espacios de diálogo, reconciliación, mecanismos de alerta temprana y cooperación con autoridades tradicionales y organismos de seguridad. “No debemos permitir que los criminales logren enfrentar a los vecinos entre sí por su identidad religiosa”.

Cuando el camino hacia la Misa se vuelve peligroso

En Kontagora, el mapa de la inseguridad se superpone con el mapa pastoral.

Muchas parroquias, capillas, escuelas y centros de salud católicos se encuentran en comunidades rurales alejadas. Precisamente allí, donde la presencia gubernamental es más limitada, la Iglesia suele ser una de las pocas instituciones que permanece cerca de la población.

Algunas estaciones misioneras han sido atacadas o cerradas temporalmente. Los sacerdotes no siempre pueden viajar con libertad ni visitar con la frecuencia necesaria las localidades más remotas. Una ruta que antes servía para llevar la Eucaristía, administrar los sacramentos, impartir catequesis o visitar a una familia enferma puede convertirse en un trayecto expuesto al secuestro.

“Debemos equilibrar nuestro deseo de permanecer cerca de nuestra gente con nuestra responsabilidad de proteger la vida de los sacerdotes, los religiosos y los fieles”, explicó el obispo.

La interrupción tiene consecuencias que no siempre llegan a los titulares. Hay comunidades sin Misa dominical regular, confesiones aplazadas y procesos de catequesis suspendidos. Cuando el sacerdote no puede llegar, catequistas y responsables laicos sostienen la oración comunitaria y mantienen viva la relación con la diócesis.

“Nuestro pueblo continúa anhelando la Eucaristía y la presencia de sus sacerdotes”, aseguró.

El temor del obispo es que el aislamiento se prolongue. Una comunidad sin visitas pastorales, sin escuela y sin condiciones para trabajar la tierra se vuelve cada vez más frágil. Después llegan las salidas de las familias; más tarde, el cierre de la misión. Lo que desaparece no es únicamente una construcción religiosa, sino una forma de vida comunitaria.

Sin embargo, Mons. Yohanna descarta abandonar esas poblaciones. “El miedo no puede hacer que abandonemos a nuestra gente. Seguimos acompañando a las comunidades afectadas, fortaleciendo su fe y trabajando por la paz”.

La pregunta dirigida al Estado

Cuando se le pregunta por qué Nigeria no ha logrado detener los ataques, el obispo evita una respuesta simplista. Habla de un territorio vasto, fronteras porosas, escasez de personal y recursos, fallas de inteligencia, grupos armados capaces de moverse con rapidez y redes criminales que han conseguido establecerse durante años.

Pero menciona también una palabra decisiva: impunidad.

“Cuando los responsables atacan, secuestran o roban repetidamente sin ser llevados ante la justicia, se alienta una nueva violencia y se debilita la confianza pública”, señaló.

En muchas comunidades rurales la ayuda llega demasiado tarde o no llega. El obispo reconoce el sacrificio de integrantes de las fuerzas de seguridad y los esfuerzos realizados por el Gobierno, pero su respuesta sobre la protección estatal es inequívoca.

“¿Se sienten suficientemente protegidas por el Estado las comunidades cristianas? En muchas zonas remotas, la respuesta honesta es no”.

Para Mons. Yohanna, desplegar fuerzas después de cada ataque no basta. Nigeria necesita prevención, inteligencia confiable, intervención rápida, protección sostenida para las comunidades vulnerables y procesos judiciales capaces de romper la cadena de impunidad. También necesita escuelas, atención sanitaria y oportunidades para los jóvenes, porque la seguridad no se construye únicamente con operaciones militares.

El Papa León XIV ha pedido en repetidas ocasiones una respuesta que proteja efectivamente la vida. Tras una nueva ola de ataques en febrero de 2026, expresó su “dolor y preocupación” y manifestó su esperanza de que las autoridades actuaran con determinación para garantizar la seguridad de cada ciudadano, según Vatican News.

Meses antes, después de que cerca de 200 personas —la mayoría desplazados internos acogidos en una misión católica— fueran asesinadas en Yelwata, estado de Benue, el Papa había pedido que prevalecieran la seguridad, la justicia y la paz. En aquella ocasión rezó especialmente por “las comunidades cristianas rurales” golpeadas incesantemente por la violencia, de acuerdo con el texto oficial de la Santa Sede.

Una Iglesia que alimenta, cura y permanece

La violencia ha obligado a la diócesis de Kontagora a ampliar aún más su misión. No basta con mantener abiertas las parroquias. Hay que alimentar a quienes perdieron las cosechas, buscar refugio para los desplazados, sostener la educación de los niños, acompañar a las viudas y los huérfanos y atender heridas emocionales que no siempre son visibles.

“Detrás de cada estadística de inseguridad hay un ser humano: un padre, un niño, una viuda o un huérfano cuya vida ha sido transformada por la violencia”, dijo Mons. Yohanna.

A través de sus parroquias y comunidades, la Iglesia distribuye alimentos y ayuda básica, ofrece atención pastoral y procura que los niños cuya educación fue interrumpida no queden definitivamente fuera de la escuela. Sacerdotes, catequistas y laicos mantienen el contacto con familias dispersas, aun cuando los recursos son limitados.

Las necesidades, reconoce el obispo, superan la capacidad actual de la diócesis. Hacen falta alimentos, atención sanitaria, agua potable, apoyo educativo, transporte para el trabajo pastoral y recursos para reconstruir casas e iglesias. Sobre todo, hace falta seguridad para que las familias puedan volver sin exponerse nuevamente a la violencia.

“El desplazamiento no debe convertirse en la nueva normalidad. Cada familia que regresa con seguridad y cada comunidad restaurada son un signo de esperanza y una victoria para la paz”.

La expresión resume el desafío de Kontagora. No se trata simplemente de conservar presencia institucional ni de reabrir edificios. Se trata de que una madre vuelva a enviar a su hijo a la escuela sin temer que se lo lleven durante la noche; que un agricultor pueda sembrar sin pagar tributo a un grupo armado; que un sacerdote atraviese una carretera para celebrar Misa y regrese con vida; que cristianos y musulmanes puedan permanecer en los pueblos que llaman hogar.

“Por favor, no olviden a nuestra gente”

Al final de la entrevista, Mons. Yohanna dirige su mensaje a los católicos y cristianos de México y del resto del mundo.

Su primera petición no es económica.

“Por favor, no olviden a nuestra gente. Recuérdenla en sus oraciones”, pidió. Para quienes se sienten abandonados, explica, saber que otras comunidades cristianas comparten su sufrimiento devuelve valor y confirma que forman parte de una Iglesia que rebasa fronteras.

Después pide una solidaridad concreta con las familias desplazadas, las viudas, los huérfanos y los niños vulnerables. Solicita también que los cristianos alcen la voz por la paz, la justicia y la protección de las comunidades, e impulsen a gobiernos e instituciones internacionales a tomar en serio la emergencia humanitaria y de seguridad.

La diócesis de Kontagora no quiere ser conocida únicamente por sus secuestros, sus aldeas vacías o sus caminos peligrosos.

“No queremos que la inseguridad nos defina”, afirmó el obispo. “Queremos seguir siendo una Iglesia que acompaña, sirve, perdona y construye la paz. Queremos que nuestra gente no se limite a sobrevivir, sino que viva con dignidad, fe y esperanza”.

En las comunidades donde el sacerdote todavía no puede llegar, los catequistas reúnen a los fieles y la oración continúa. En las familias desplazadas permanece el deseo de volver. En Papiri, los niños han regresado, aunque ahora deban aprender de nuevo que una escuela puede ser un lugar seguro.

La violencia ha conseguido cerrar temporalmente misiones, interrumpir clases y obligar a comunidades enteras a huir. Pero todavía no ha logrado borrar la fe de quienes esperan regresar a casa.