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«Hay una geografía de la violencia»: investigador del Instituto Ibero explica dónde peligra la vida de los sacerdotes en México
Guerrero ocupa un lugar central en el análisis de Yves Solis Nicot sobre los asesinatos de sacerdotes. Los mapas elaborados por María Fernanda A. Durand permiten observar cómo ha cambiado la distribución territorial de la violencia y por qué es necesario investigar las circunstancias de cada agresión.
ENTREVISTA | IGLESIA EN MÉXICO
Ana Paula Morales (Poli)
10/29/202612 min leer
Yves Solis Nicot, investigador del Instituto Ibero, analiza la distribución territorial de la violencia contra los sacerdotes en México. Composición ilustrativa realizada con IA a partir de su retrato y de la cartografía de María Fernanda A. Durand, elaborada con datos del Centro Católico Multimedial. El rosario y los casquillos son elementos simbólicos.
Ciudad de México.- «Se asesina a los sacerdotes porque son incómodos, porque están en zonas de conflicto». Yves Bernardo Roger Solis Nicot, profesor-investigador del Instituto Ibero de la Ciudad de México, sitúa esa incomodidad en la vida cotidiana de las comunidades: en el acompañamiento a las víctimas, la defensa de sus derechos y los proyectos sociales que permiten sostenerlas en territorios disputados. Para comprender las agresiones contra el clero, sostiene, es necesario investigar qué intereses encuentran un obstáculo en esa presencia.
«Hay una geografía de la violencia», explica en entrevista con Press Crux. Su análisis parte de una distinción: los homicidios de sacerdotes no se distribuyen necesariamente de la misma manera que la violencia general del país. Además de contar los casos, propone examinar quién controla cada territorio, cómo actúan las autoridades y qué papel desempeñan los ministros religiosos entre sus habitantes.
La desaparición y posterior localización con vida del padre Clemente Morales Topete, en Culiacán, Sinaloa, devuelve actualidad a esas preguntas. El párroco de Cristo Resucitado permaneció desaparecido desde el 24 de octubre de 2026 y regresó con vida el día 27. La diócesis informó de la atención médica que recibía, mientras el Episcopado mexicano agradeció su retorno, según recogió la Agencia Fides. Su regreso alivió a la comunidad, aunque la información difundida entonces no esclarecía las circunstancias de su ausencia.
Guerrero, Chihuahua y Estado de México: los territorios que requieren atención
Guerrero ocupa un lugar central en la investigación de Solis. Durante la entrevista identifica particularmente a las diócesis de Ciudad Altamirano y Chilpancingo-Chilapa entre las jurisdicciones donde se concentran casos de sacerdotes asesinados. Su preocupación alcanza también al Estado de México, donde el material cartográfico compartido registra hechos en jurisdicciones como Tlalnepantla, Atlacomulco y Cuautitlán, y a Chihuahua, cuya recurrencia resume con una frase: «Chihuahua es una constante».
El Reporte Anual 2024 del Centro Católico Multimedial (CCM) permite situar esa preocupación en una perspectiva histórica. En su cuadro territorial de 1990–2024, Guerrero reúne 11 eventos; Ciudad de México, ocho; Chihuahua y Michoacán, siete cada uno; Jalisco y el Estado de México, seis, y Veracruz y Baja California, cinco. El documento precisa que ese recuento comprende hechos contra sacerdotes, religiosos y laicos: las cifras no deben presentarse como asesinatos exclusivamente de sacerdotes ni como una medición del riesgo actual.
La mirada por diócesis permite observar diferencias que las fronteras estatales pueden ocultar. En Michoacán, Solis señala a Apatzingán y Zamora; en Baja California, el material destaca la zona de Tijuana. Dentro de una misma entidad pueden coexistir comunidades sometidas a disputas y condiciones de seguridad distintas. La pregunta, insiste, es «¿qué está pasando en el territorio?», porque la presencia de grupos criminales no basta para explicar por qué una parroquia o un sacerdote se convierten en blanco de una agresión.
Ese es también el enfoque de Violencia contra agentes religiosos católicos en México: 2006–2024, investigación publicada en Derecho en Sociedad que Solis firma junto con Débora Roberta Sánchez Guajardo y María Fernanda A. Durand. El estudio identifica coincidencias entre territorios disputados por grupos criminales y zonas de violencia contra actores religiosos, particularmente en Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chihuahua. Los autores interpretan esos patrones a partir de las tensiones entre la labor pastoral y social y los intereses de las redes criminales.
Sinaloa y el contraste que llama la atención
Sinaloa ocupa un lugar distinto en su reflexión. Pese a la violencia del entorno y a la presencia prolongada de organizaciones criminales, Solis explica que había conocido pocos casos recientes de agresiones contra sacerdotes. «Había pocos casos de agresiones», señala, y por eso considera que «el caso del padre Clemente es un caso atípico para la región». Su observación plantea un problema de investigación: por qué una entidad marcada por la violencia no reproduce necesariamente el mismo patrón de ataques contra los ministros religiosos que otros territorios.
Ese contraste no equivale a una ausencia histórica de agresiones. En septiembre de 2012, Fides documentó el asesinato del padre Teodoro Mariscal Rivas, quien atendía la iglesia de Santa Cecilia en Mochicahui, Sinaloa. Su cuerpo fue encontrado en su domicilio. La inquietud de Solis se refiere, por tanto, a la escasa frecuencia de casos que conocía recientemente y a lo que nuevas agresiones podrían revelar sobre los cambios en las dinámicas locales.
Durante la entrevista refiere además el testimonio de otro sacerdote de Culiacán que, según relata, consiguió escapar de un intento de secuestro. El caso ilustra una dificultad para documentar la violencia: algunas víctimas prefieren callar por temor. «No quiere hablar, no quiere denunciar y muchas veces lo que se hace es que se desplaza», explica. La falta de una denuncia pública no permite concluir que una comunidad esté libre de amenazas.
En el caso del padre Clemente, el investigador menciona distintas posibilidades, pero insiste en su carácter provisional: «Todos son hipótesis y conjeturas». Las referencias a rivalidades criminales o posibles extorsiones no constituyen conclusiones de la investigación. Solis pide evitar explicaciones que revictimicen al sacerdote o le atribuyan vínculos delictivos sin pruebas.
Las cifras nacionales detrás de la vida parroquial
El acompañamiento pastoral se desarrolla dentro de una crisis que afecta a miles de familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó, de manera preliminar, 27,989 defunciones por presunto homicidio registradas durante 2025. La cifra dimensiona la violencia nacional, aunque no constituye un recuento de agresiones contra religiosos ni explica los móviles de esos crímenes.
La dificultad para denunciar tiene también una dimensión estadística. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estimó que, durante 2025, 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito. Según la encuesta, 93.4 % de los 33.8 millones de delitos estimados no se denunció o no dio lugar al inicio de una carpeta de investigación. Ese porcentaje corresponde a la cifra oculta de los delitos comprendidos por el estudio; no es una tasa específica de agresiones contra sacerdotes ni una medición de impunidad.
Las desapariciones constituyen otra dimensión del sufrimiento que atraviesa a las comunidades. En la comunicación AL MEX 3/2026, fechada el 31 de marzo de 2026, mecanismos de derechos humanos de la ONU citaron el registro nacional: al 12 de marzo había 132,061 personas desaparecidas y no localizadas en México, de las cuales 1,918 correspondían a Chiapas. Son cifras de esa fecha de corte y no equivalen al total de desapariciones forzadas jurídicamente acreditadas.
Para las familias, la búsqueda puede prolongarse durante años. Las parroquias pueden convertirse entonces en espacios de encuentro, escucha y acompañamiento. Comprender lo que sucede en ellas requiere ir más allá de las estadísticas, sostiene Solis: «No es suficiente trabajar con datos». Los registros permiten visibilizar el fenómeno, pero sus causas y consecuencias se conocen también en el terreno, a través de quienes lo viven.
Las investigaciones detrás de los mapas
Historiador, politólogo y educador, Solis estudia el fenómeno religioso contemporáneo, con especial atención al catolicismo, y actualmente realiza estudios posdoctorales SECIHTI en la UAM Xochimilco sobre violencia contra actores religiosos. Sus trabajos combinan la perspectiva histórica con el análisis territorial para examinar cómo han cambiado las agresiones y qué relación guardan con la labor de los ministros religiosos.
En ¿Ecos de la cristiada? Necropolítica y “martirio sacerdotal” en el siglo XXI mexicano, publicado en Encartes, compara los homicidios de sacerdotes documentados entre 1993 y 2024 con la violencia religiosa de las primeras décadas del siglo XX. La investigación examina diferencias de magnitud, distribución y motivaciones, y cuestiona la equiparación automática entre los conflictos del pasado y los crímenes contemporáneos.
El estudio que firma con Sánchez Guajardo y Durand amplía la mirada a homicidios, desplazamientos forzados, profanaciones y otras agresiones. Para ello utiliza registros del CCM, del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y de Open Doors. La cartografía elaborada por Durand permite visualizar las diferencias territoriales y comparar periodos; los mapas históricos emplean datos proporcionados por el padre Juan González Morfín, mientras los contemporáneos recurren al CCM.
Durand es investigadora independiente, cuenta con una maestría en Ciencias y actualmente cursa un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, según la reseña compartida para esta entrevista. Su participación incluye tanto la elaboración de los materiales gráficos como la coautoría de la investigación publicada en Derecho en Sociedad.
Bautizos, bodas y fiestas: los límites de la convivencia pastoral
La presencia de un sacerdote en un territorio controlado por grupos criminales plantea decisiones que no siempre resultan visibles desde fuera. Quienes participan en actividades delictivas también tienen familias, vínculos comunitarios y solicitudes de atención religiosa. Solis describe ese entorno al explicar que el sacerdote sabe que debe ofrecer acompañamiento espiritual «no nada más a la población, sino también a los criminales».
En la práctica, esa cercanía puede llevarlo a celebrar bautizos, matrimonios o celebraciones de quince años de familias vinculadas con esos grupos. «Hay una línea muy delgada», advierte al distinguir la atención sacramental de la participación en la convivencia festiva. El dilema consiste en cómo ejercer el ministerio sin que la presencia religiosa sea utilizada como señal de respaldo, cercanía o legitimación.
«Yo, como sacerdote, no puedo no estar presente en el territorio», explica al ponerse en la perspectiva del ministro. Su reflexión sitúa el problema dentro de comunidades donde los vínculos familiares y sociales atraviesan la vida cotidiana: el sacerdote no atiende una realidad ajena a la sociedad, sino a personas que forman parte de ella. Esa presencia, sin embargo, no demuestra por sí misma complicidad con sus actividades.
La pregunta alcanza también a las limosnas, donativos y aportaciones que pueden llegar a las instituciones religiosas. Solis plantea expresamente la necesidad de examinar el origen de esos recursos: «¿Qué pasa con esta recepción que hace la Iglesia de algunos dineros mal habidos?». Su observación apunta a una cuestión distinta de la atención espiritual: recibir dinero procedente de actividades delictivas exige una reflexión sobre las responsabilidades y los límites de esa relación.
El investigador considera necesario afrontar ese asunto dentro de la propia Iglesia. Acompañar espiritualmente a una persona no elimina la necesidad de examinar sus conductas ni convierte sus aportaciones económicas en recursos de origen legítimo. En su análisis, esa tensión forma parte de lo que implica ejercer el sacerdocio en comunidades donde el crimen organizado mantiene relaciones familiares, sociales y económicas con la población.
Una fe vivida que puede resultar incómoda
Solis pide cautela ante la comparación de las agresiones actuales con la guerra cristera: «Son procesos sumamente diferentes», sostiene. El mapa histórico de 1914–1940 muestra una marcada concentración de casos en Jalisco; en el correspondiente a 1990–2024, Guerrero adquiere mayor peso y aparecen otras concentraciones territoriales. Los periodos tienen distinta duración y responden a circunstancias políticas y religiosas diferentes.
En la entrevista distingue la persecución «por la fe en cuanto a fe» de lo que describe, en algunas zonas, como una persecución «por la fe vivida»: las consecuencias de acompañar a las víctimas, defender a una comunidad o sostener obras sociales. «Hay zonas en las cuales ser sacerdote es sumamente peligroso, sobre todo si se vive la fe y el Evangelio a través de obras sociales», afirma. Su interpretación exige investigar cada agresión: un asesinato no demuestra automáticamente un móvil religioso, pero tampoco puede ignorarse el trabajo de la víctima cuando existen amenazas relacionadas con él.
El caso del padre Marcelo Pérez Pérez permite comprender esa relación entre ministerio, defensa de las comunidades y exposición a la violencia. El sacerdote indígena tsotsil fue asesinado el 20 de octubre de 2024, después de celebrar misa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reuters informó que dos personas en motocicleta dispararon contra su vehículo. ONU-DH condenó el crimen y recordó que era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015, debido al riesgo asociado a su trabajo.
La oficina pidió una «investigación pronta, exhaustiva y eficaz». Su muerte dejó expuesta la distancia entre reconocer una amenaza y proteger efectivamente a quien la enfrenta, un problema que también atraviesa las decisiones de quienes desean permanecer junto a sus comunidades. «Tienen un compromiso de acompañamiento con los fieles que están sufriendo», explica Solis al describir la tensión entre la seguridad personal del sacerdote y su responsabilidad pastoral.
Para el investigador, construir la paz requiere procesos comunitarios capaces de sostenerse más allá del cambio de un jefe criminal o de una autoridad. En ese esfuerzo también identifica personas e instituciones dispuestas a transformar la vida local: «Hay policías honestos, hay grupos de la sociedad civil que quieren de verdad un cambio, una transformación». La contribución de la Iglesia no sustituye las obligaciones del Estado de buscar a las personas desaparecidas, investigar los crímenes y proteger a quienes están amenazados.
El regreso del padre Clemente permitió a sus feligreses reencontrarse con su pastor. En otras comunidades permanece el desafío de cuidar a quienes han decidido quedarse junto a personas que sufren. Al explicar ese compromiso, Solis vuelve a ponerse en la perspectiva del sacerdote: «No puedo no ofrecer acompañamiento para la vida y para la muerte».
Cartografía y gráficas: Mtra. María Fernanda A. Durand. Datos históricos: padre Juan González Morfín. Datos contemporáneos de los mapas: Centro Católico Multimedial. Tablero de Power BI: Yves Bernardo Roger Solis Nicot.
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