“Que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa”: obispos de México ante la Independencia

En su mensaje por el 216 aniversario del Grito de Dolores, el Episcopado Mexicano pidió escuchar a las víctimas, proteger a los periodistas y garantizar plenamente la libertad religiosa.

Ana Paula Morales (Poli)

9/14/20267 min read

Ciudad de México.- En vísperas de la conmemoración del inicio de la Independencia, los obispos de México advirtieron que celebrar a la patria no puede significar ignorar las heridas provocadas por la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado.

En su mensaje “Llamados a la libertad”, difundido con motivo del 216 aniversario del Grito de Dolores y los 205 años de la consumación de la Independencia, el Episcopado Mexicano pidió a las autoridades que la libertad sea una garantía y no una concesión.

“Que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas”, reclamaron los obispos.

El documento, dirigido al Pueblo de Dios, a los hombres y mujeres de buena voluntad y a quienes habitan o transitan por el país, parte de una acción de gracias por México, pero evita presentar una visión idealizada de su realidad.

“Celebrar la Independencia no es cerrar los ojos: es recordar de dónde venimos para tener el ánimo de seguir construyendo”, señalaron.

Un país con más de 135 mil personas desaparecidas

Los prelados reconocieron los pasos dados por México en materia de derechos, participación de las mujeres, fortalecimiento institucional y solidaridad ante los desastres. Sin embargo, advirtieron que el país llega a las fiestas patrias de 2026 con heridas que continúan causando sufrimiento a miles de familias.

“Siguen sangrando la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y el desplazamiento forzado de comunidades enteras”, afirmaron.

La advertencia se produce en medio de una crisis que continúa creciendo. Una comunicación de expertos de las Naciones Unidas⁠, basada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizaba al 12 de marzo de 2026 un total de 132 mil 61 personas desaparecidas y no localizadas en México.

De ese total, 123 mil 46 estaban registradas como desaparecidas y 9 mil 15 como no localizadas. La cifra comprendía a 102 mil 835 hombres y 28 mil 823 mujeres, mientras que en 403 registros el género aparecía como indeterminado. (spcommreports.ohchr.org⁠)

Tres meses después, Reuters informó⁠ —con base en datos gubernamentales— que México ya contabilizaba más de 135 mil personas desaparecidas.

La agencia señaló que los casos aumentaron especialmente desde 2006 y que, ante las deficiencias institucionales, numerosos colectivos familiares realizan sus propias búsquedas en territorios donde operan grupos criminales, con frecuencia sin los recursos ni la protección suficientes. (reuters.com⁠)

Una revisión del registro realizada por las autoridades encontró indicios de actividad en bases gubernamentales correspondientes a 40 mil 308 personas, equivalentes al 31% de los expedientes examinados, lo que sugería que podían continuar con vida. Sin embargo, hasta finales de marzo únicamente se había localizado y confirmado la identidad de 5 mil 269.

De acuerdo con Reuters⁠, alrededor de 46 mil registros carecían de datos básicos, como el nombre completo, la fecha o el lugar de la desaparición, lo cual dificultaba las búsquedas.

Otros 43 mil 128 expedientes contenían información completa, pero no mostraban actividad al cruzarse con otras bases oficiales. Menos del 10% de estos casos contaba con una investigación penal, una deficiencia que las propias autoridades atribuyeron a años de omisiones de las fiscalías y corporaciones encargadas de investigar. (reuters.com⁠)

La crisis llegó a la Asamblea General de la ONU

La dimensión de la crisis llevó al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a activar en abril el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitar que la situación de México fuera puesta a consideración de la Asamblea General.

El procedimiento puede utilizarse cuando el Comité recibe información con indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado. Según Reuters, fue la primera ocasión en que el organismo recurrió a este mecanismo. (ohchr.org⁠, reuters.com⁠)

La determinación no significa que las más de 135 mil personas incluidas en el registro hayan sido víctimas de desaparición forzada ni establece responsabilidades penales individuales. Sí refleja, sin embargo, la gravedad internacional alcanzada por la crisis y la necesidad de fortalecer la búsqueda, la identificación forense y las investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida del Comité y sostuvo que las instituciones mexicanas no estaban rebasadas. El Gobierno ha atribuido gran parte de las desapariciones a la violencia de los grupos criminales y ha asegurado que la localización de las personas constituye una prioridad nacional.

Mientras las autoridades y los organismos internacionales mantienen diferencias sobre el diagnóstico y la respuesta institucional, miles de familias continúan buscando a sus seres queridos.

Para los obispos, la patria no puede reducirse a un concepto, un territorio o una celebración oficial.

“México no es una idea abstracta: son rostros, familias, comunidades, pueblos originarios, migrantes que llegan y que parten, jóvenes que sueñan y ancianos que recuerdan”, expresaron.

Periodistas protegidos y medios plurales

Otro de los puntos centrales del mensaje es la defensa de la libertad de expresión, presentada por el Episcopado como parte esencial de la libertad que México debe proteger.

Los obispos afirmaron que este derecho exige “medios plurales, periodistas protegidos y un debate público que no descalifique al que piensa distinto”.

Junto con la libertad de expresión, el Episcopado pidió cuidar la libertad religiosa, aclarando que esta no se limita a celebrar actos de culto dentro de los templos.

También comprende, explicaron, “el derecho de creer, de educar conforme a las propias convicciones, de asociarse, de servir y de aportar públicamente al bien común”.

El centenario del Conflicto Religioso

Las fiestas patrias de este año coinciden con el centenario del inicio del Conflicto Religioso de 1926, conocido también como Guerra Cristera, una confrontación provocada por la aplicación de medidas que restringieron severamente la vida pública y sacramental de la Iglesia.

El Episcopado calificó aquel episodio como un “conflicto fratricida” entre mexicanos que compartían una misma fe, un mismo corazón y una misma cultura.

“Cuando la libertad de conciencia se restringe, es la nación entera la que se lastima”, advirtieron.

Por ello, solicitaron que la libertad religiosa sea reconocida y ejercida plenamente como un derecho humano fundamental, tanto para los católicos como para las demás confesiones religiosas presentes en México.

La referencia no busca únicamente recordar una herida del pasado. Los obispos sostuvieron que su enseñanza continúa vigente frente a cualquier intento de limitar la conciencia, excluir las convicciones religiosas del espacio público o convertir las diferencias ideológicas en motivo de enfrentamiento.

Guadalupe y el nacimiento de México

El mensaje recupera también la presencia de la Virgen de Guadalupe en los orígenes del movimiento insurgente.

Al pasar por Atotonilco, Miguel Hidalgo tomó una imagen guadalupana que se convirtió en uno de los principales estandartes de la insurgencia, un hecho documentado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México⁠.

“Nuestra Independencia nació abrazada a un estandarte”, recordaron los obispos.

Según el Episcopado, la imagen de Santa María de Guadalupe fue la bandera de un pueblo que comenzaba a reconocerse como nación y una referencia capaz de reunir al indígena, al criollo y al mestizo en una casa común.

La identificación guadalupana también estuvo presente en los primeros años de la vida independiente. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, primer Presidente de México, adoptó el nombre de Guadalupe Victoria.

Dos siglos después, señalaron los prelados, la Virgen continúa siendo “el corazón y el alma de nuestro pueblo”.

Ante la proximidad del quinto centenario del acontecimiento guadalupano, que se conmemorará en 2031, invitaron a convertir la devoción en acciones concretas de encuentro, reconciliación y justicia.

La libertad que todavía debe construirse

Los obispos relacionaron la celebración de la Independencia con los principios contenidos en los Sentimientos de la Nación, presentados por el sacerdote insurgente José María Morelos y Pavón en 1813.

El documento pedía proscribir para siempre la esclavitud, moderar la indigencia y establecer leyes aplicables a todos sin privilegios. Morelos dispuso también que cada 16 de septiembre se conmemorara el inicio de la lucha por la independencia y la libertad.

Para el Episcopado, aquellos ideales expresaban una convicción que conserva toda su fuerza: cada persona posee una dignidad que no procede del poder político y que ninguna autoridad puede arrebatarle.

De esa raíz, afirmaron, nacen los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Una advertencia ante el proceso electoral

En vísperas de un nuevo proceso electoral, los obispos pidieron que el debate público “esté a la altura del pueblo que lo sostiene”.

También exhortaron a los ciudadanos a amar a México mediante la honradez cotidiana, la participación responsable, el cumplimiento de sus obligaciones y el cuidado de quienes tienen menos.

La Iglesia, por su parte, ofreció mantener abiertas sus comunidades, servir a quienes sufren, denunciar las injusticias sin fomentar el odio y construir puentes en medio de la polarización.

“La Iglesia no es huésped en México: es parte de su tejido desde antes de que hubiera Estado”, sostuvieron.

El mensaje recordó la labor desarrollada actualmente por Cáritas, los colegios y universidades, las casas del migrante, los comedores, los dispensarios, los albergues, los centros de defensa de los derechos humanos y las comunidades que acompañan a las víctimas de la violencia.

“Desde la Iglesia, ofrecemos lo que somos: comunidades abiertas, manos para servir, palabra para denunciar sin odio y capacidad de tender puentes donde otros levantan muros”, expresaron.

Al concluir, los obispos invitaron a honrar el legado de quienes dieron patria a México y de quienes transmitieron la fe, colocando nuevamente a la nación bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe.

“¡Que viva México! ¡Que viva Santa María de Guadalupe!”, concluyeron.

Crédito: Press Crux, Ana Paula Morales (Poli)

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