“No promovemos la migración ilegal, sino vías legales”: obispo mexicano pide una política fronteriza humana
En entrevista exclusiva con Press Crux, Mons. Eugenio Lira advirtió que las políticas migratorias más restrictivas están provocando separación familiar, miedo, vulnerabilidad y una mayor exposición al crimen organizado. Tras el encuentro de obispos de México, Estados Unidos y Canadá en Cuernavaca, explicó que las tres conferencias episcopales buscan fortalecer una respuesta común.
ENTREVISTA | IGLESIA EN MÉXICO
Ana Paula Morales (Poli)
9/18/20268 min read
“Familias migrantes recorren una ruta cercana a la frontera entre México y Estados Unidos. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial para Press Crux”.
Matamoros, Tamaulipas.-La Iglesia católica no promueve fronteras abiertas ni alienta la migración irregular, pero reclama leyes que combinen la seguridad con el respeto irrestricto a la dignidad humana, afirmó Mons. Eugenio Lira, obispo de Matamoros-Reynosa y responsable de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en entrevista exclusiva con Press Crux.
“Lo que más preocupa a la Iglesia es el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana de todas las personas, tengan o no documentación”, señaló el prelado, después del Encuentro Fraterno de obispos delegados de las conferencias episcopales de México, Estados Unidos y Canadá, celebrado del 30 de agosto al 4 de septiembre en Cuernavaca.
La reunión se produjo en un momento de endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica. En Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump revocó las restricciones que limitaban los operativos migratorios en lugares considerados sensibles, como iglesias, escuelas y hospitales, una decisión que despertó inquietud entre líderes religiosos y organizaciones humanitarias, según informó Associated Press. En noviembre de 2025, los obispos estadounidenses expresaron su preocupación por el clima de temor, las deportaciones masivas y las condiciones de detención, de acuerdo con Reuters.
Canadá también ha reducido sus metas migratorias. Su Plan de Niveles de Inmigración 2026-2028 fijó en 385,000 las nuevas llegadas de residentes temporales para 2026 y estableció el objetivo de que esta población represente menos del 5% del total nacional al término de 2027, según el Gobierno canadiense. En medio de estas decisiones, los obispos norteamericanos analizan cómo coordinar diócesis, albergues y organizaciones católicas a ambos lados de las fronteras.
Migrar entre la pobreza, la violencia y el crimen organizado
Mons. Lira explicó que la migración forma parte de la historia humana y responde a causas muy distintas. Algunas personas se trasladan libremente y con la documentación requerida, mientras otras se ven obligadas a abandonar sus hogares por la pobreza, la falta de acceso a derechos básicos, la violencia del crimen organizado, la corrupción, la inestabilidad política, los desastres naturales o la necesidad de reunirse con sus familias.
Quienes viajan sin documentos, advirtió, siguen con frecuencia rutas peligrosas y quedan expuestos al engaño, la extorsión, el abandono, la violencia física y sexual, el secuestro y la trata de personas.
El obispo retomó la advertencia de la guía pastoral No esclavos sino hermanos, elaborada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y la Red Clamor: algunos migrantes son sometidos a esclavitud laboral o sexual, incorporados a actividades como la producción y distribución de drogas o reclutados por grupos armados.
Aunque muchos consiguen progresar y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades, otros afrontan “soledad, nostalgia, desarraigo, vulnerabilidad legal y laboral, invisibilidad, explotación, discriminación y persecución constante”.
Mons. Lira destacó también la aportación de los migrantes a las sociedades de destino. Muchos, dijo, participan activamente en la vida laboral, económica, social, espiritual y parroquial de las comunidades que los reciben, además de sostener a sus familias y lugares de origen.
Mons. Eugenio Lira participa en una celebración pastoral en la Diócesis de Matamoros-Reynosa. Fotografía proporcionada por Mons. Eugenio Lira.
Foto: Cortesía de Mons. Eugenio Lira
El impacto de las políticas estadounidenses
La declaración de una “emergencia nacional” en la frontera sur de Estados Unidos, emitida el 20 de enero de 2025, abrió una nueva etapa para los migrantes, explicó el obispo.
Entre las medidas posteriores mencionó la cancelación de CBP One y de citas programadas, el reforzamiento militar de la frontera, la reducción de programas de refugio y asilo, el aumento de las detenciones y deportaciones y la suspensión de recursos destinados a programas humanitarios.
Mons. Lira advirtió que estas políticas han provocado separación familiar, pérdidas patrimoniales, miedo constante, afectaciones físicas y psicológicas y un ambiente social más polarizado.
También han generado “un flujo migratorio inverso y peligroso”, dificultades para la reintegración de las personas retornadas y una mayor exposición al crimen organizado, particularmente cuando los migrantes quedan varados en México o en terceros países.
El impacto alcanza igualmente a la acción humanitaria de las iglesias y organizaciones civiles. En agosto de 2026, un tribunal estadounidense mantuvo una restricción contra operativos migratorios en determinados lugares de culto, al considerar que la política federal podía vulnerar la libertad religiosa y alejar a los migrantes de sus comunidades de fe, según Reuters.
“No están solos”
La Iglesia mexicana sostiene desde hace años una amplia red de acompañamiento. De casi un centenar de centros y albergues para migrantes administrados por organizaciones religiosas y de la sociedad civil en el país, 54 son atendidos por instituciones católicas, indicó Mons. Lira.
En ellos, laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes ofrecen hospedaje, alimentos, ropa, artículos de higiene, atención médica, acompañamiento emocional y espiritual, asesoría jurídica y apoyo para mantener el contacto con las familias.
Algunos centros también ayudan a los migrantes a realizar trámites legales, acceder a la educación, acreditar competencias laborales, encontrar empleo o recuperarse después de haber sufrido trata, secuestro u otras formas de violencia.
Las casas del migrante, las pastorales diocesanas y la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana mantienen comunicación para acompañar a las personas durante su recorrido y colaboran con autoridades, consulados, universidades, organismos internacionales, congregaciones religiosas y organizaciones civiles.
En Estados Unidos, recordó el obispo, la Conferencia Episcopal lanzó la campaña “You Are Not Alone” —“No estás solo”—, mientras que en Canadá existe una red de apoyo a trabajadores agrícolas migrantes surgida de las diócesis católicas de Quebec.
Una coordinación continental
El encuentro de Cuernavaca representa un nuevo paso dentro de una colaboración eclesial que comenzó hace décadas.
En 2026, los obispos de la frontera Texas-México, conocidos como Tex-Mex, conmemoran 40 años de trabajo conjunto. Existen además iniciativas semejantes entre las diócesis de Alta California y Baja California, Arizona y Sonora, así como del sur de México y el norte de Guatemala.
A ellas se suman los esfuerzos de la Red Clamor, del Observatorio Socio Pastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el Caribe y de los obispos y agentes pastorales de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.
Las propuestas surgidas del encuentro de Cuernavaca serán presentadas ante los consejos permanentes de las tres conferencias episcopales para su discernimiento y posible aprobación, explicó Mons. Lira.
Entre las prioridades discutidas se encuentran la formación integral de los agentes pastorales; la difusión de información veraz y oportuna; el conocimiento y la defensa de los derechos humanos a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, y la suma de recursos para sostener y mejorar los servicios destinados a los migrantes.
Estos esfuerzos han producido documentos comunes como la carta pastoral Juntos en el camino de la esperanza. Ya no somos extranjeros, de 2003; el mensaje Unidos construyendo el futuro con los migrantes, y la carta Lo vio, se acercó y lo cuidó, ambos publicados en 2024.
Fronteras seguras y leyes humanas
Ante la polarización política que rodea el tema, Mons. Lira insistió en que la postura de la Iglesia reconoce tanto el derecho de las personas a buscar una vida digna como la facultad de los Estados para regular sus fronteras.
“La Iglesia no aboga por fronteras abiertas, sino por leyes que respeten los derechos humanos básicos”, señaló, citando a los obispos de la frontera Texas-México.
“No fomentamos la migración ilegal o indocumentada, sino que abogamos por vías legales para la migración”, añadió. El objetivo, explicó, debe ser alcanzar leyes que garanticen simultáneamente “una frontera segura y una política de inmigración humana”.
El Catecismo de la Iglesia católica enseña que las naciones más prósperas deben acoger, en cuanto les sea posible, a quienes buscan la seguridad y los medios de vida que no encuentran en su país. Al mismo tiempo, establece que los inmigrantes están obligados a respetar las leyes y el patrimonio material y espiritual de la nación que los recibe.
Esta misma distinción fue planteada por el Papa León XIV durante la conferencia de prensa ofrecida en el vuelo de regreso de África a Roma, el 23 de abril de 2026. El Pontífice reconoció el derecho de los Estados a controlar sus fronteras, pero recalcó que los migrantes deben recibir un trato humano, según informaron Vatican News y Associated Press.
El Papa denunció además que algunas personas migrantes son tratadas “peor que los animales domésticos” e invitó a las naciones con mayores recursos a invertir en el desarrollo de los países pobres para combatir las causas que obligan a millones de personas a huir, de acuerdo con Reuters.
Desplazados dentro de México: una crisis invisible
La preocupación de la Iglesia no se limita a quienes atraviesan una frontera internacional. En México, miles de familias abandonan sus comunidades por amenazas, extorsiones, enfrentamientos y violencia del crimen organizado, pero permanecen dentro del territorio nacional.
“De acuerdo con fuentes locales, académicas y medios de comunicación, el desplazamiento forzado interno en México constituye una crisis persistente y subregistrada”, afirmó Mons. Lira.
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estimó que durante 2024 se produjeron aproximadamente 26,000 nuevos desplazamientos vinculados con conflictos y violencia en México y que cerca de 390,000 personas permanecían desplazadas por esas causas al terminar el año. La falta de un sistema nacional de monitoreo hace pensar que la cifra real podría ser mayor.
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Chihuahua se encuentran entre las entidades más afectadas, aunque durante los últimos años también se han registrado episodios graves en Sinaloa y otras regiones disputadas por organizaciones criminales.
La ausencia de un registro nacional sistemático, explicó el obispo, impide conocer con precisión cuántas personas han huido, cuántas pudieron regresar y cuántas necesitan soluciones permanentes.
Esa invisibilidad estadística se convierte en desprotección. Muchas familias dependen de parroquias, albergues, Cáritas y organizaciones civiles para obtener comida, alojamiento, atención médica y espacios escolares para sus hijos.
Para Mons. Lira, la respuesta exige una acción conjunta. El Estado debe garantizar prevención, seguridad, aplicación de la ley, persecución de los delitos y atención a las víctimas. La sociedad, por su parte, debe construir desde las familias, las escuelas, los barrios y los centros de trabajo comunidades capaces de reconocer y defender la vida y la dignidad de cada persona.
Frente al extranjero, concluyó, el criterio cristiano no puede depender de su nacionalidad o situación documental: “Será para ustedes como uno de sus compatriotas y lo amarás como a ti mismo”.
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