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“Que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa”: obispos de México ante la Independencia
En su mensaje por el 216 aniversario del Grito de Dolores, el Episcopado Mexicano pidió escuchar a las víctimas, proteger a los periodistas y garantizar plenamente la libertad religiosa.
Ana Paula Morales (Poli)
9/14/20268 min temps de lecture
Ciudad de México.- Ante las heridas provocadas por la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado, los obispos de México advirtieron que celebrar a la patria no puede significar cerrar los ojos frente al sufrimiento de miles de familias.
En el mensaje “Llamados a la libertad”, difundido con motivo del 216 aniversario del Grito de Dolores y los 205 años de la consumación de la Independencia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a las autoridades que la libertad sea una garantía y no una concesión: “Que la seguridad y la justicia dejen de ser promesa; y que se escuche a las víctimas”.
El documento, fechado el 14 de septiembre y dirigido al Pueblo de Dios, a los hombres y mujeres de buena voluntad y a quienes habitan o transitan por el país, parte de una acción de gracias por México, pero evita presentar una imagen idealizada de su realidad. “Celebrar la Independencia no es cerrar los ojos: es recordar de dónde venimos para tener el ánimo de seguir construyendo”, señalaron los prelados.
Las heridas abiertas de México
Los obispos reconocieron los avances alcanzados por el país en materia de derechos, participación de las mujeres, fortalecimiento institucional y solidaridad frente a los desastres. Sin embargo, advirtieron que México llegó a las fiestas patrias de 2026 con heridas que continúan causando sufrimiento a miles de familias: “Siguen sangrando la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y el desplazamiento forzado de comunidades enteras”.
La advertencia se produce en medio de una crisis de desapariciones que continúa creciendo. Una comunicación de expertos de las Naciones Unidas, basada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizaba al 12 de marzo de 2026 un total de 132,061 personas desaparecidas y no localizadas: 123,046 figuraban como desaparecidas y 9,015 como no localizadas.
Tres meses después, Reuters informó —con base en datos gubernamentales— que México ya registraba más de 135,000 personas desaparecidas. La agencia señaló que los casos aumentaron especialmente desde 2006 y que, ante las deficiencias institucionales, numerosos colectivos familiares realizan sus propias búsquedas en territorios donde operan grupos criminales, con frecuencia sin recursos ni protección suficientes.
Una revisión del registro realizada por las autoridades encontró indicios de actividad en bases gubernamentales correspondientes a 40,308 personas, equivalentes a 31% de los expedientes examinados, lo que sugería que podían continuar con vida. Sin embargo, hasta finales de marzo solamente se había localizado y confirmado la identidad de 5,269. Según Reuters, cerca de 46,000 registros carecían de información básica —como el nombre completo y la fecha o el lugar de la desaparición— y menos de 10% de los expedientes completos sin actividad detectada contaba con una investigación penal.
Para el Episcopado, estas cifras no pueden reducirse a una discusión estadística o administrativa. La patria, afirmaron los obispos, está formada por personas concretas: “México no es una idea abstracta: son rostros, familias, comunidades, pueblos originarios, migrantes que llegan y que parten, jóvenes que sueñan y ancianos que recuerdan”.
La crisis de desapariciones ante la ONU
La gravedad de la situación llevó al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitar que el caso de México fuera puesto a consideración de la Asamblea General.
En su comunicado oficial del 2 de abril, el Comité explicó que este procedimiento puede emplearse cuando recibe información con indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado. Aclaró, asimismo, que la activación del mecanismo no constituye por sí misma una conclusión definitiva sobre los hechos.
La decisión tampoco significa que todas las personas incluidas en el registro mexicano hayan sido víctimas de desaparición forzada ni establece responsabilidades penales individuales. Sí refleja la preocupación internacional por la magnitud de la crisis y la necesidad de fortalecer las labores de búsqueda, la identificación forense y las investigaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida y sostuvo que las instituciones mexicanas no estaban rebasadas. El Gobierno ha atribuido gran parte de las desapariciones a la violencia ejercida por grupos criminales y ha asegurado que localizar a las víctimas constituye una prioridad nacional. Mientras las autoridades mexicanas y los organismos internacionales mantienen diferencias sobre el diagnóstico y la respuesta institucional, miles de familias continúan buscando a sus seres queridos.
Libertad de expresión y libertad religiosa
El mensaje del Episcopado dedica también una parte central a la libertad de expresión, presentada como una condición indispensable para la vida democrática. Este derecho, afirmaron los obispos, exige “medios plurales, periodistas protegidos y un debate público que no descalifique al que piensa distinto”.
Junto con la libertad de expresión, la CEM pidió garantizar plenamente la libertad religiosa, que no puede reducirse a la celebración de actos de culto dentro de los templos. Comprende también, explicaron los prelados, “el derecho de creer, de educar conforme a las propias convicciones, de asociarse, de servir y de aportar públicamente al bien común”.
Esta defensa adquiere un significado particular en el centenario del inicio del Conflicto Religioso de 1926, conocido también como Guerra Cristera, una confrontación desatada tras la aplicación de medidas que restringieron severamente la vida pública y sacramental de la Iglesia. El Episcopado calificó aquel episodio como un “conflicto fratricida” entre mexicanos que compartían una misma fe, un mismo corazón y una misma cultura. “Cuando la libertad de conciencia se restringe, es la nación entera la que se lastima”, advirtió.
La referencia histórica no busca únicamente recordar una herida del pasado. Para los obispos, su enseñanza permanece vigente frente a cualquier intento de limitar la conciencia, excluir las convicciones religiosas del espacio público o convertir las diferencias ideológicas en motivo de enfrentamiento. Por ello, pidieron que la libertad religiosa sea reconocida y ejercida como un derecho humano fundamental para los católicos y para las demás confesiones presentes en México.
Guadalupe, identidad y reconciliación
El mensaje recupera asimismo la presencia de la Virgen de Guadalupe en los orígenes del movimiento insurgente. Cuando pasó por Atotonilco, Miguel Hidalgo tomó una imagen guadalupana que se convirtió en uno de los principales estandartes de la insurgencia, un hecho recogido por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
“Nuestra Independencia nació abrazada a un estandarte”, recordaron los obispos. Según el Episcopado, la imagen de Santa María de Guadalupe fue la bandera de un pueblo que comenzaba a reconocerse como nación y una referencia capaz de reunir al indígena, al criollo y al mestizo en una casa común.
La identificación guadalupana estuvo presente también en los primeros años de la vida independiente. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, primer Presidente de México, adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Dos siglos después, afirmaron los prelados, la Virgen continúa siendo “el corazón y el alma de nuestro pueblo”.
Ante la proximidad del quinto centenario del acontecimiento guadalupano, que se conmemorará en 2031, la CEM invitó a convertir la devoción en acciones concretas de encuentro, reconciliación y justicia, y a hacer de México esa “casita sagrada” pedida por la Virgen en el Tepeyac.
Una libertad que todavía debe construirse
Los obispos vincularon la celebración de la Independencia con los principios contenidos en los Sentimientos de la Nación, presentados por el sacerdote insurgente José María Morelos y Pavón en 1813. El documento pedía proscribir para siempre la esclavitud, moderar la indigencia y establecer leyes aplicables a todos sin privilegios. Morelos dispuso además que cada 16 de septiembre se conmemorara el inicio de la lucha por la independencia y la libertad.
Para el Episcopado, aquellos ideales expresan una convicción que conserva toda su fuerza: cada persona posee una dignidad que no procede del poder político y que ninguna autoridad puede arrebatarle. De esa raíz, afirmaron, nacen los derechos humanos y la igualdad ante la ley.
En vísperas de un nuevo proceso electoral, los obispos pidieron que el debate público “esté a la altura del pueblo que lo sostiene”. También exhortaron a los ciudadanos a amar a México mediante la honradez cotidiana, la participación responsable, el cumplimiento de sus obligaciones y el cuidado de quienes tienen menos.
“Tender puentes donde otros levantan muros”
La Iglesia, por su parte, ofreció mantener abiertas sus comunidades, servir a quienes sufren, denunciar las injusticias sin fomentar el odio y construir puentes en medio de la polarización. “La Iglesia no es huésped en México: es parte de su tejido desde antes de que hubiera Estado”, sostuvieron los obispos.
El mensaje recordó la labor que desarrollan Cáritas, los colegios y universidades, las casas del migrante, los comedores, los dispensarios, los albergues, los centros de defensa de los derechos humanos y las comunidades que acompañan a las víctimas de la violencia. “Desde la Iglesia, ofrecemos lo que somos: comunidades abiertas, manos para servir, palabra para denunciar sin odio y capacidad de tender puentes donde otros levantan muros”, expresaron.
El documento, firmado por Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, y Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general, concluye con una invitación a honrar tanto el legado de quienes dieron patria a México como el de quienes transmitieron la fe, y coloca nuevamente a la nación bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe.
“¡Que viva México! ¡Que viva Santa María de Guadalupe!”, concluyeron los obispos.
Crédito: Press Crux, Ana Paula Morales (Poli)
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