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Nigeria: “Algunas comunidades cristianas podrían desaparecer”: el obispo que intenta mantener viva la fe en su país
Mons. Bulus Dauwa Yohanna, obispo de Kontagora, advierte en entrevista con Press Crux que la violencia está expulsando a las familias de sus tierras, interrumpiendo la educación y dejando a comunidades rurales sin acceso regular a la Misa.
ENTREVISTA | IGLESIA EN NIGERIA
Ana Paula Morales (Poli)
9/14/202612 min temps de lecture
Fotocomposición de Press Crux con imágenes cortesía de Mons. Bulus Dauwa Yohanna.
Kontagora, Nigeria.- En algunos pueblos de la diócesis de Kontagora, la Misa ya no puede celebrarse con regularidad. No es que los fieles hayan perdido la fe ni que falten sacerdotes dispuestos a acompañarlos: el problema es llegar hasta ellos. Las carreteras que atraviesan esta extensa región del centro-norte de Nigeria se han convertido en corredores de riesgo, donde sacerdotes, religiosos y catequistas deben calcular cada desplazamiento. Algunas visitas pastorales se aplazan; otras se realizan con extrema cautela. Mientras tanto, hay comunidades que esperan la Eucaristía durante más tiempo del que quisieran y familias que se preguntan si todavía podrán vivir en las tierras que heredaron de sus antepasados.
“Temo que, si la inseguridad continúa sin una protección y un apoyo adecuados, algunas comunidades cristianas pequeñas y remotas podrían desaparecer, no porque su gente haya abandonado la fe, sino porque ya no puede vivir con seguridad en su tierra ancestral”, advirtió Mons. Bulus Dauwa Yohanna, obispo de Kontagora y presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger, en entrevista con Press Crux.
El estado de Níger —que no debe confundirse con el país vecino del mismo nombre— se encuentra en el centro-norte de Nigeria. Allí, la posibilidad descrita por el obispo ya tiene nombres concretos: Babana, Sarabe, Kigbera, Ibbi, Pissa, Guffanti, Bakon Mission, Karenbana, Galadima, Bangi, Tsamiya y Shafaci son algunas de las comunidades de su diócesis donde los ataques, los secuestros y el temor persistente han obligado a familias a marcharse o han dificultado seriamente su regreso.
Comunidades que corren el riesgo de desaparecer
La consecuencia de la violencia no se mide únicamente en kilómetros recorridos o viviendas abandonadas. Cuando una familia huye deja atrás su tierra de cultivo, su sustento, la escuela de sus hijos, la parroquia y la red humana que sostuvo su vida durante generaciones. “Cuando se pierden los hogares, las granjas, las escuelas y los lugares de culto, regresar se vuelve cada vez más difícil”, explicó Mons. Yohanna. Los jóvenes crecen lejos de sus lugares de origen y pierden poco a poco el vínculo con ellos; así, una salida que comenzó como refugio temporal puede convertirse en un desplazamiento definitivo.
Para el prelado, la inseguridad amenaza tanto la vida de las personas como la continuidad histórica de las comunidades. Una población que ya no puede sembrar, educar a sus hijos ni reunirse para celebrar la fe termina dispersándose. La ausencia prolongada facilita, además, el deterioro de las viviendas, los campos y los lugares de culto, hasta hacer inviable el retorno. De ahí que la protección de los habitantes no pueda limitarse a reaccionar después de cada ataque: debe crear las condiciones necesarias para que las familias permanezcan o vuelvan a casa sin exponer nuevamente la vida.
Esta amenaza adquirió un rostro particularmente doloroso en Papiri, donde la violencia irrumpió en un espacio que debía estar reservado para aprender y crecer. Durante la madrugada del 21 de noviembre de 2025, hombres armados atacaron las escuelas católicas St. Mary’s, propiedad de la diócesis de Kontagora. Entraron mientras muchos alumnos dormían y se llevaron hacia el bosque a niños, estudiantes y trabajadores.
Crédito. Cortesía: Mons. Bulus Dauwa Yohanna.
La noche en que una escuela dejó de ser refugio
Las primeras informaciones señalaron que 315 personas estaban desaparecidas. Tras dos procesos de verificación realizados por las autoridades, los organismos de seguridad, los responsables escolares y las familias, la diócesis aclaró que 85 habían escapado o nunca fueron capturadas. El número comprobado de secuestrados fue de 230 niños y trabajadores, todos liberados posteriormente, según informó Vatican News.
Que todos hayan regresado no significa, sin embargo, que la historia terminara el día de su liberación. Mons. Yohanna recuerda el secuestro como una de las experiencias más traumáticas vividas por su diócesis. “Aunque todos fueron finalmente liberados, la experiencia dejó profundas cicatrices emocionales. Muchos padres siguen, comprensiblemente, preocupados por enviar nuevamente a sus hijos a la escuela”, señaló.
El testimonio de Onyeka Chieme, uno de los alumnos secuestrados, permite comprender el origen de ese miedo. El niño contó a Associated Press que los estudiantes despertaron con un estruendo en la entrada. Algunos intentaron escapar por las ventanas, pero los atacantes los persiguieron en motocicletas y dispararon al aire. “Dijeron que si corríamos, nos dispararían”, recordó. Según su relato, los captores incendiaron una imagen de la Virgen María y una bandera nigeriana antes de llevarse a los menores en motocicletas y autobuses. Durante más de dos semanas, Onyeka durmió al aire libre, vio armas constantemente y tuvo que ocultarse bajo los árboles cuando sobrevolaban aviones de búsqueda. Él recuperó la libertad con un primer grupo de cien personas; su hermano permaneció cautivo durante más tiempo.
La diócesis recibió a los liberados con gratitud, pero desde entonces afronta una tarea más silenciosa y prolongada: acompañar el trauma de los alumnos, la angustia de los padres y el temor que amenaza con vaciar las aulas. El Papa León XIV siguió el caso desde Roma y, dos días después del ataque, pidió la liberación de los rehenes y expresó su cercanía a los niños y sus familias. “Que las iglesias y las escuelas sean siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza”, exhortó, según Vatican News. En Papiri, esas palabras tocaron una herida concreta: una escuela católica había dejado de ser percibida como refugio y se había convertido, en una sola noche, en escenario de terror.
El secuestro convertido en industria
El ataque contra St. Mary’s forma parte de una crisis que se ha extendido por Nigeria y que ya no puede entenderse como una sucesión de episodios aislados. Entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron secuestradas 7.825 personas en el país, un 66% más que durante el periodo anterior, según un informe de la consultora nigeriana SBM Intelligence citado por Reuters. Al menos 1.142 personas murieron y los pagos de rescates confirmados alcanzaron casi 5,8 millones de dólares. La consultora advirtió que las cifras son conservadoras, pues numerosos pagos nunca se hacen públicos.
Las escuelas, los caminos y las aldeas remotas se han convertido en objetivos especialmente vulnerables. Las bandas secuestran para obtener dinero, pero el costo se extiende mucho más allá del rescate: las aulas cierran, los agricultores abandonan sus parcelas, las familias pierden la confianza en las autoridades y comunidades enteras se desplazan. Papiri se encuentra a unos seis kilómetros del puesto policial más cercano —una instalación destinada principalmente a delitos menores— y a varias horas de la ciudad más próxima. Las familias habían solicitado protección antes del ataque, pero terminaron organizando vigilantes voluntarios sin armas. Cuando decenas de hombres armados llegaron en motocicletas, aquellos guardias no tenían forma de enfrentarlos, documentó Reuters.
Los extensos bosques, el terreno difícil, las poblaciones dispersas y la escasa presencia estatal permiten que los grupos armados ataquen y desaparezcan con sus rehenes antes de que llegue una respuesta efectiva. En ese contexto, la pregunta que Mons. Yohanna escucha una y otra vez entre las familias de las zonas más apartadas es tan sencilla como dramática: “¿Quién nos protegerá cuando seamos atacados?”.
Una violencia compleja que no debe enfrentar a los vecinos
La inseguridad en Nigeria suele explicarse desde fuera mediante una sola categoría: persecución religiosa, terrorismo yihadista, disputas por la tierra o delincuencia dedicada al secuestro. Para el obispo, ninguna basta por sí sola. En su diócesis confluyen el secuestro para obtener rescates, el robo de ganado, los intereses territoriales y económicos, la pobreza, la debilidad de la presencia estatal y, en determinadas circunstancias, las tensiones étnicas y religiosas.
“La dimensión religiosa también debe ser reconocida”, sostuvo. “En algunos casos, los cristianos y las comunidades cristianas han sido atacados, mientras que iglesias, catequistas y otros líderes cristianos pueden ser particularmente vulnerables debido a su identidad religiosa visible”. Sin restar gravedad a esos hechos, el prelado introdujo una distinción esencial: “Advertiría contra la descripción de cada ataque simplemente como persecución religiosa”.
Un secuestro puede estar motivado principalmente por el cobro de un rescate y, al mismo tiempo, la identidad cristiana de la víctima puede influir en la elección del objetivo. En otros lugares, bandas sin una motivación religiosa definida atacan indistintamente a cristianos y musulmanes porque controlan rutas, bosques o territorios donde el Estado apenas está presente. Esa complejidad volvió a quedar expuesta en agosto de 2026, cuando hombres armados rodearon una mezquita durante la oración del viernes en Kpenya, también en el estado de Níger. Al menos 60 personas fueron secuestradas, aunque habitantes de la zona estimaron que la cifra podía acercarse a 80, informó Associated Press.
Como presidente estatal de la Asociación Cristiana de Nigeria, Mons. Yohanna conoce también el sufrimiento de musulmanes y miembros de otras tradiciones religiosas que han padecido asesinatos, secuestros, desplazamientos y pérdida de sus medios de vida. “Las familias cristianas y musulmanas comunes que viven y trabajan unas al lado de otras no son enemigas. Son conciudadanos que desean seguridad, paz y un futuro mejor para sus hijos”, afirmó. Reconocer ese dolor compartido, aclaró, no exige silenciar la vulnerabilidad específica de numerosas comunidades cristianas, sino impedir que los delincuentes conviertan el miedo en una guerra entre vecinos.
Por ello, líderes cristianos y musulmanes colaboran en espacios de diálogo y reconciliación, mecanismos de alerta temprana y acciones conjuntas con autoridades tradicionales y organismos de seguridad. “No debemos permitir que los criminales logren enfrentar a los vecinos entre sí por su identidad religiosa”, insistió.
Cuando el camino hacia la Misa se vuelve peligroso
En Kontagora, el mapa de la inseguridad se superpone con el mapa pastoral. Muchas parroquias, capillas, escuelas y centros de salud católicos se encuentran en comunidades rurales alejadas, precisamente donde la presencia gubernamental es más limitada y la Iglesia suele ser una de las pocas instituciones que permanece cerca de la población. Algunas estaciones misioneras han sido atacadas o cerradas temporalmente; los sacerdotes no siempre pueden viajar con libertad ni visitar con la frecuencia necesaria las localidades más remotas. Una ruta que antes servía para llevar la Eucaristía, administrar los sacramentos, impartir catequesis o visitar a una persona enferma puede convertirse hoy en un trayecto expuesto al secuestro.
“Debemos equilibrar nuestro deseo de permanecer cerca de nuestra gente con nuestra responsabilidad de proteger la vida de los sacerdotes, los religiosos y los fieles”, explicó el obispo. La interrupción pastoral tiene consecuencias que rara vez llegan a los titulares: comunidades sin Misa dominical regular, confesiones aplazadas y procesos de catequesis suspendidos. Cuando el sacerdote no puede llegar, los catequistas y responsables laicos sostienen la oración comunitaria y mantienen viva la relación con la diócesis. “Nuestro pueblo continúa anhelando la Eucaristía y la presencia de sus sacerdotes”, aseguró.
Ese aislamiento, unido al cierre de escuelas y a la imposibilidad de trabajar la tierra, hace cada vez más frágiles a las comunidades. Primero se marchan algunas familias; después puede cerrar la misión. Lo que desaparece no es únicamente una construcción religiosa, sino una forma de vida comunitaria. A pesar del peligro, Mons. Yohanna rechaza la posibilidad de abandonar a esas poblaciones: “El miedo no puede hacer que abandonemos a nuestra gente. Seguimos acompañando a las comunidades afectadas, fortaleciendo su fe y trabajando por la paz”.
La violencia ha obligado a la diócesis a ampliar su servicio. Además de mantener abiertas las parroquias cuando es posible, debe alimentar a quienes perdieron sus cosechas, buscar refugio para los desplazados, sostener la educación de los niños, acompañar a viudas y huérfanos y atender heridas emocionales que no siempre son visibles. “Detrás de cada estadística de inseguridad hay un ser humano: un padre, un niño, una viuda o un huérfano cuya vida ha sido transformada por la violencia”, recordó el prelado.
A través de sus parroquias y comunidades, la Iglesia distribuye alimentos y ayuda básica, brinda atención pastoral y procura que los niños cuya educación fue interrumpida no queden definitivamente fuera de la escuela. Sacerdotes, catequistas y laicos mantienen el contacto con las familias dispersas, aunque las necesidades superan la capacidad de la diócesis. Hacen falta alimentos, atención sanitaria, agua potable, apoyo educativo, medios de transporte para la labor pastoral y recursos para reconstruir viviendas e iglesias; sobre todo, hace falta seguridad para que las familias puedan regresar. “El desplazamiento no debe convertirse en la nueva normalidad. Cada familia que regresa con seguridad y cada comunidad restaurada son un signo de esperanza y una victoria para la paz”, afirmó.
Proteger a las familias, una responsabilidad del Estado
Al explicar por qué Nigeria no ha logrado detener los ataques, Mons. Yohanna menciona la vastedad del territorio, las fronteras porosas, la escasez de personal y recursos, las fallas de inteligencia, la rapidez con que se desplazan los grupos armados y las redes criminales consolidadas durante años. Pero subraya también una palabra decisiva: impunidad. “Cuando los responsables atacan, secuestran o roban repetidamente sin ser llevados ante la justicia, se alienta una nueva violencia y se debilita la confianza pública”, señaló.
En muchas comunidades rurales, la ayuda llega demasiado tarde o no llega. El obispo reconoce el sacrificio de integrantes de las fuerzas de seguridad y los esfuerzos realizados por el Gobierno, pero su diagnóstico sobre la protección estatal es inequívoco: “¿Se sienten suficientemente protegidas por el Estado las comunidades cristianas? En muchas zonas remotas, la respuesta honesta es no”.
Para Mons. Yohanna, desplegar fuerzas después de cada ataque no basta. Nigeria necesita prevención, inteligencia confiable, capacidad de intervención rápida, protección sostenida para las poblaciones vulnerables y procesos judiciales que rompan la cadena de impunidad. También requiere escuelas, atención sanitaria y oportunidades para los jóvenes, porque la seguridad no puede construirse únicamente mediante operaciones militares.
El Papa León XIV ha reclamado una respuesta que proteja efectivamente la vida. Tras una nueva ola de ataques en febrero de 2026, expresó su “dolor y preocupación” y manifestó su esperanza de que las autoridades actuaran con determinación para garantizar la seguridad de cada ciudadano, según Vatican News. Meses antes, después de que cerca de 200 personas —en su mayoría desplazados internos acogidos en una misión católica— fueran asesinadas en Yelwata, estado de Benue, el Pontífice había pedido que prevalecieran la seguridad, la justicia y la paz, y rezó especialmente por “las comunidades cristianas rurales” golpeadas de manera incesante por la violencia, de acuerdo con el texto oficial de la Santa Sede.
Al concluir la entrevista, Mons. Yohanna dirigió un mensaje a los católicos y cristianos de México y del resto del mundo. Su primera petición no fue económica: “Por favor, no olviden a nuestra gente. Recuérdenla en sus oraciones”. Para quienes se sienten abandonados, explicó, saber que otras comunidades cristianas comparten su sufrimiento devuelve valor y confirma que forman parte de una Iglesia que rebasa fronteras. Después pidió una solidaridad concreta con las familias desplazadas, las viudas, los huérfanos y los niños vulnerables, así como una voz firme ante los gobiernos y las instituciones internacionales para que la emergencia humanitaria y de seguridad sea atendida.
“No queremos que la inseguridad nos defina”, afirmó. “Queremos seguir siendo una Iglesia que acompaña, sirve, perdona y construye la paz. Queremos que nuestra gente no se limite a sobrevivir, sino que viva con dignidad, fe y esperanza”. En las comunidades a las que el sacerdote todavía no puede llegar, los catequistas continúan reuniendo a los fieles; en las familias desplazadas permanece el deseo de volver, y en Papiri los niños intentan aprender nuevamente que una escuela puede ser un lugar seguro. La Iglesia puede sostenerlos, acompañar sus heridas y mantener viva la esperanza, pero asegurar que regresen a sus hogares, cultiven sus tierras y vivan sin miedo sigue siendo un deber irrenunciable del Estado.
Crédito. Cortesía: Mons. Bulus Dauwa Yohanna.
Crédito. Cortesía: Mons. Bulus Dauwa Yohanna.
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