📿🕊️ Únete al Sexto Rosario por la Paz en Tierra Santa este sábado 24 de octubre: 10:00 a. m. en Ciudad de México, 6:00 p. m. en Palestina y 7:00 p. m. en el resto de Tierra Santa. ¡Unamos nuestra oración por la paz! https://youtube.com/live/kTrwDcY4sjM?feature=share
“Hay pueblos y municipios donde manda el crimen organizado”, advierte el Cardenal Arizmendi
El obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas denuncia que la extorsión encarece hasta las tortillas, confirma casos de familias obligadas a huir y pide al Estado recuperar los territorios controlados por grupos criminales: “Si hay que huir, hay que huir, porque primero está la vida”.
ENTREVISTA | IGLESIA EN MÉXICO
Ana Paula Morales (Poli)
9/16/202610 min read
Ciudad de México.- En algunas comunidades de México, el crimen organizado no solo controla territorios. También decide qué bandas pueden tocar durante las fiestas patronales, quién vende bebidas alcohólicas, cuánto deben pagar comerciantes y productores e incluso condiciona los horarios en que los fieles pueden acudir a Misa.
El Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, advirtió en entrevista con Press Crux que existen pueblos y municipios donde los grupos criminales ejercen, en los hechos, la autoridad: “Hay pueblos y municipios donde son ellos los que mandan”.
El purpurado aseguró que no se trata de una situación aislada. Actualmente conoce de manera más directa lo que ocurre en el sur del Estado de México, pero los testimonios que recibe desde otras regiones describen una realidad semejante. “No lo puedo decir solamente de una región. Aquí, en toda la parte sur del Estado de México, es lo que estoy conociendo ahora; pero cuando me reúno con personas de otros lugares, me dicen que por todas partes hay lo mismo”, explicó.
Cuando el crimen decide hasta las fiestas patronales
La presencia del crimen organizado no afecta de la misma manera a todas las comunidades. En algunos lugares, señaló Arizmendi, las celebraciones litúrgicas continúan con relativa normalidad, mientras las actividades externas de las fiestas patronales quedan sometidas a la voluntad de los grupos criminales.
“Son los líderes del crimen organizado quienes autorizan qué bandas musicales pueden tocar, qué grupos pueden llegar para hacer los jaripeos; ellos organizan las cervezas y las bebidas embriagantes, que son su negocio exclusivo. Nadie puede vender esto fuera de ellos”, relató. “En una palabra, nada de lo externo al templo puede realizarse sin contar con su autorización”.
En otras ciudades, la inseguridad ha obligado a modificar incluso los horarios de las celebraciones religiosas. El Cardenal recordó que algunos templos de Monterrey ofrecían anteriormente la última Misa dominical a las once de la noche, pero tuvieron que adelantarla por el riesgo que enfrentaban los fieles al desplazarse.
La violencia transforma así la vida comunitaria sin necesidad de irrumpir en el templo. Restringe la movilidad, reduce las reuniones nocturnas y obliga a sacerdotes, familias y agentes pastorales a modificar sus actividades para no exponerse. Su dominio alcanza también la economía cotidiana y termina repercutiendo, de manera particular, sobre quienes tienen menos recursos.
La extorsión que termina pagando el pobre
Una de las consecuencias más graves de ese control es la extorsión. Los grupos criminales cobran cuotas a productores, campesinos, comerciantes, transportistas y pequeños negocios; ese costo termina incorporándose al precio de los alimentos y de otros productos básicos.
“Los agricultores y los campesinos aumentan los precios, y todos los que venden aumentan los precios. Los que más sufren son los pobres”, señaló Arizmendi. Como ejemplo, mencionó uno de los alimentos esenciales en la mesa de las familias mexicanas: “Las tortillas cuestan más porque las tortillerías tienen que pagar extorsión”.
El testimonio del Cardenal coincide con el crecimiento documentado de este delito. Reuters informó que durante el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México, 7% más que en el mismo periodo del año anterior. La agencia señaló además que la extorsión fue el único delito que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció no haber logrado reducir durante su primer año de gobierno.
Las denuncias, sin embargo, muestran apenas una fracción del problema: se estimaba que 96.7% de los casos no se reportaba a las autoridades, principalmente por desconfianza y temor a represalias. De este modo, la extorsión opera como una suerte de impuesto criminal: encarece la vida diaria, empobrece a las comunidades y fortalece el poder de quienes las amenazan.
Cuando las amenazas aumentan, para algunas familias ya no se trata solo de pagar, sino de abandonar su hogar. Arizmendi confirmó que ha conocido casos de personas obligadas a salir de sus comunidades para proteger la vida. Aunque no recibe denuncias formales —pues corresponde a las autoridades civiles atenderlas—, sí escucha los testimonios de quienes buscan orientación y ayuda. “Conozco algunos casos que han tenido que salir para ya no ser amenazados y para no exponerse”, aseguró.
El Cardenal dijo no conocer un protocolo eclesial específico para atender estas situaciones. En la práctica, los sacerdotes y responsables pastorales escuchan a las víctimas, intentan auxiliarlas dentro de sus posibilidades y, cuando existen condiciones para hacerlo, interceden ante quienes las amenazan. “Tratamos de ayudar lo más que sea posible y, donde se puede hablar con algunos líderes, exponer el caso y la situación para defender a las personas”, explicó.
La magnitud del desplazamiento provocado por la violencia resulta difícil de calcular debido al subregistro y al miedo. El proyecto independiente Desplazamiento Interno en México documentó durante 2025 al menos 15,795 personas desplazadas en 73 episodios ocurridos en 11 entidades federativas. Su monitoreo reúne testimonios de municipios tomados por el crimen organizado, viviendas abandonadas y convertidas después en casas de seguridad, así como familias que huyeron tras recibir amenazas o sufrir el asesinato de alguno de sus integrantes.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos examinó este fenómeno en un informe temático publicado en 2025. El documento advierte que quienes huyen de la delincuencia organizada suelen permanecer invisibles y recibir una protección insuficiente. El miedo, la corrupción, la infiltración criminal y la desconfianza en las autoridades dificultan las denuncias y el acceso a la justicia.
“Si uno denuncia, se expone todavía más”
En ese contexto, explicó Arizmendi, aconsejar a una familia amenazada exige prudencia. Aunque denunciar debería ser el camino ordinario, en algunas regiones acudir ante las autoridades puede aumentar el peligro: “Si pueden denunciar, que denuncien; pero a veces no conviene denunciar, porque los grupos criminales tienen contactos en todas partes. Entonces, si uno denuncia, se expone todavía más ante ellos”.
Sus palabras no son una invitación general a guardar silencio, sino el reconocimiento de una realidad dolorosa: existen comunidades donde las víctimas no encuentran condiciones mínimas de seguridad para acudir ante la autoridad. La presencia o infiltración de los delincuentes en distintas instancias alimenta la desconfianza y deja a las familias ante decisiones en las que cualquier alternativa entraña un riesgo.
Esa misma prudencia orienta la protección de los agentes pastorales. “Además de la oración, de la prudencia pastoral, del acompañamiento fraterno y de la solidaridad entre nosotros, hay que urgir al gobierno local para que resuelva los problemas de fondo con los medios propios de la autoridad civil”, sostuvo el Cardenal. En situaciones extremas, añadió, la Iglesia ha debido trasladar a sacerdotes amenazados: “En algunos casos ha sido necesario cambiar de lugar a un párroco para protegerlo, cuando no hay otro remedio. Tampoco podemos ser ingenuos ni irresponsables”.
El encuentro con un líder criminal
Arizmendi relató que él mismo buscó reunirse con el líder de un grupo criminal para invitarlo a abandonar la violencia. Por razones de seguridad, no reveló su nombre ni el lugar del encuentro. Había coincidido anteriormente con él y ambos se saludaban con respeto. Después de insistir varias veces, el hombre lo recibió en su casa y conversaron durante aproximadamente media hora.
“Mi intención siempre fue invitarlo a dejar esa vida, por el bien de él mismo y de su familia. Me escuchó, pero claramente me dijo que no podía cambiar de vida”, recordó.
A juicio del Cardenal, aquel hombre se encontraba atado por sus intereses económicos y por los vínculos establecidos con otros integrantes del grupo, pues abandonar esa estructura podía costarle la vida. “Sigue haciendo lo mismo. Su principal actividad es extorsionar a todo el que produzca o venda algo. Si una persona no paga lo que él y su grupo exigen, vienen las amenazas y los castigos, sin excluir su asesinato”, relató.
El encuentro no consiguió que el hombre dejara sus actividades, pero muestra el alcance que Arizmendi atribuye a la misión pastoral: acercarse incluso a quienes ejercen la violencia para llamar a la conversión y procurar el bien de las comunidades. Ese acercamiento, precisó, nunca debe confundirse con un pacto ni con el reconocimiento del poder criminal.
“Donde sea posible, hay que buscarlos para invitarlos a su conversión, siempre pensando en la tranquilidad, la justicia y la paz de nuestras comunidades. Nunca para hacer pactos”, subrayó. El diálogo puede contribuir en algunos casos, aunque sus resultados sean limitados: “En algunas partes ha ayudado un poco, pero no se puede decir que tengamos muchas esperanzas de que ellos hagan lo que les sugerimos”.
La Iglesia puede exhortar, escuchar e interceder, pero no sustituir a las autoridades civiles ni aceptar a los grupos criminales como interlocutores políticos. “Al Estado le corresponde impedir que sigan haciendo daño, no hacer negociaciones con ellos, pues se haría su cómplice”, advirtió.
El legado del padre Marcelo Pérez
La violencia que atraviesa numerosas comunidades mexicanas tuvo para el Cardenal Arizmendi un rostro cercano: el del padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil y defensor de la paz, asesinado el 20 de octubre de 2024 después de celebrar Misa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Durante más de dos décadas, el sacerdote acompañó a comunidades indígenas, defendió a campesinos y participó en procesos de mediación y reconciliación. The Associated Press informó que había encabezado movilizaciones contra la violencia y recibido amenazas debido a su labor.
“El padre Marcelo es un mártir por la paz y la reconciliación de grupos armados que han dañado mucho la estabilidad de las comunidades parroquiales”, afirmó Arizmendi, quien lo ordenó sacerdote. El presbítero dialogaba con grupos enfrentados y procuraba persuadirlos de respetar la vida y abandonar la violencia, aun consciente del peligro que implicaba acercarse a ellos. “Él sabía que se exponía mucho al tratar a los grupos antagónicos. Trataba con ambos, siempre abogando por la paz social”, recordó.
Una semana después del asesinato, el Papa Francisco expresó públicamente su cercanía a la Iglesia mexicana. “Me uno a la amada Iglesia de San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, que llora al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el domingo pasado. Un dedicado servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios. Su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sea semilla de paz y de vida cristiana”, declaró después del Ángelus, según la transcripción oficial de la Santa Sede.
Aunque una persona permanece detenida por el crimen, Arizmendi advirtió que todavía existen interrogantes sobre la autoría material y, especialmente, sobre quién ordenó el asesinato. “Hay una persona detenida en la cárcel, pero falta saber si realmente fue el autor material y, sobre todo, quién fue el autor intelectual”, precisó.
Para el Cardenal, el legado del padre Marcelo no debe quedar reducido al recuerdo de su muerte, sino prolongarse en el compromiso de la Iglesia con las comunidades amenazadas. “Por amor a nuestro pueblo, no podemos quedarnos solo en lamentos. Hay que hacer cuanto sea posible por la armonía social, pues esa es parte de nuestra responsabilidad pastoral”, sostuvo.
La responsabilidad irrenunciable del Estado
El acompañamiento pastoral, sin embargo, no puede reemplazar la obligación de las autoridades. Arizmendi pidió al Estado mexicano ejercer plenamente sus facultades constitucionales para proteger a la población y recuperar los territorios sometidos por los grupos criminales.
“El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger al pueblo de los abusos de cualquier índole. Tiene en sus manos la aplicación de las leyes, que han sido hechas para el bien social”, afirmó. A su juicio, el Estado cuenta con instituciones, fuerzas de seguridad e instrumentos legales para enfrentar a organizaciones fuertemente armadas. “Tiene no solamente la ley, sino las cárceles y las armas suficientes para enfrentarse a grupos armados. Con grupos armados no se puede dialogar más que con las mismas armas, porque no dejan otra cosa”, declaró.
El Cardenal reconoció que policías, soldados y servidores públicos también afrontan graves peligros, pero insistió en que la dificultad de la tarea no elimina la responsabilidad estatal. “Es un trabajo muy peligroso, porque también los policías se exponen a riesgos de toda índole, pero es su obligación proteger al pueblo de los abusos”.
La misión de la Iglesia es distinta. Incluso ante quienes forman parte del crimen organizado, sostuvo, debe mantener abierta la posibilidad de la conversión: “Siempre los exhortaremos a cambiar de vida, por el bien de ellos mismos, para que no anden siempre expuestos al peligro, para que no acaben en la cárcel y para que su alma se salve. Si son creyentes, que sean coherentes con su propia fe y se acerquen a los sacramentos. Dios puede hacer milagros de conversión”.
Ante una amenaza concreta, no obstante, la primera obligación es proteger la vida. Arizmendi pidió a las familias evitar cualquier decisión que incremente el peligro y reconoció que, cuando las autoridades no ofrecen protección efectiva, algunas víctimas se ven obligadas a cumplir temporalmente las exigencias de los grupos criminales mientras buscan ayuda o una salida segura.
“No se expongan”, pidió. En los casos más graves, abandonar el hogar puede convertirse en la única alternativa: “Si hay que huir, hay que huir, porque primero está la vida que cualquier otra cosa”.
Para muchas familias mexicanas, esa disyuntiva es cotidiana: denunciar puede desencadenar represalias; permanecer puede costarles la vida; marcharse significa dejar atrás la casa, el trabajo, la tierra y la comunidad a la que pertenecen. La Iglesia procura escuchar, acompañar e interceder, pero, como advierte el Cardenal, proteger a las víctimas y recuperar los territorios sometidos por el crimen es una responsabilidad que el Estado no puede delegar.
Imagen ilustrativa: El Cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, advierte sobre el dominio del crimen organizado y el desplazamiento de familias en distintas comunidades de México. Ilustración: Press Crux.
Crédito: Cortesía del Cardenal Arizmendi
¿Quieres ayudarnos a crecer? Lee. Reza. Comparte.
Lee nuestras noticias y convierte cada historia en oración: por el país que atraviesa una crisis, por quienes sufren, por el misionero o la misionera y por la persona que comparte su testimonio.
A lo largo de mi vida me ha inspirado el ejemplo de un santo que rezaba mientras leía las noticias: miraba el mundo y lo ponía ante Dios.
Y, si está en tus posibilidades, apoya a Press Crux para que podamos seguir contando estas historias con rigor, independencia y esperanza.
También te puede interesar